El Gobierno decretó ayer la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023 de la emergencia sanitaria, lo que determinaría, entre otras cosas, la imposibilidad de los pagos retroactivos a pensiones especiales e imposibilitaría que la vicepresidenta Cristina Kirchner pueda cobrar los $175 millones que reclama por su jubilación.
“Si amplían la emergencia sanitaria, por la normativa de la Anses que dictaminó que mientras dure no puede haber pago retroactivo de lo que son pensiones especiales, a Cristina no correspondería pagarle”, dijo la diputada nacional Graciela Ocaña.
La legisladora había presentado ayer una medida cautelar ante el juez federal Ariel Lijo para que impida que la Anses le pague a a la vicepresidenta un retroactivo de su jubilación por unos 175 millones de pesos. “Con la emergencia sanitaria ampliada, quedaría abstracto el recurso que presenté”, agregó Ocaña, quien justificó su pedido en que el monto exigido por la vicepresidenta es “ilegal” y que “ello implicaría la consumación del delito de malversación de caudales públicos”.
Ya este miércoles Ocaña había advertido: “Restando menos de dos días hábiles para que finalice el año, no existe decreto ni norma que prorrogue nuevamente la emergencia sanitaria, por lo que, de no mediar un nuevo decreto, el 1° de enero de 2023 dejaríamos de estar en emergencia sanitaria, por lo que las causales de suspensión de pago de los retroactivos dejarían de existir, y así se consumaría el perjuicio económico”.
Decretada la extensión de la emergencia sanitaria, los pagos retroactivos se suspenden automáticamente.
