La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, exhimió de responsabilidad a la compañía pero culpó al Estado. Hay dos instancias para apelar, pero igualmente deberá depositar una garantía
Finalmente, luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012.
El fallo fue favorable para la petrolera de bandera, aunque no para la Nación Argentina que deberá seguir pujando en EEUU contra el fondo Burford, que compró el derecho a litigar a empresas privadas, y cuyos derechos a reclamar fueron reconocidos hoy por el tribunal.
Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y a una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso y que las estimaciones sobre daños que calcularon los demandantes son válidas, lo que no quiere decir que finalmente las acepte.
Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre USD 8.500 millones y hasta unos USD 20.000 millones.
“Argentina perdió, pero YPF ganó. Preska hizo lo que se esperaba: dejó afuera a la empresa del caso y fue cautelosa porque no puso el número pero fijó lineamiento para que el juicio siga en su corte y se determine la compensación económica. Habrá apelaciones, pero Burford podría pedir embargos si el país no paga o no deposita garantías”
“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes
La expropiación fue una decisión política tomada hace una década que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideraron damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street.
Preska demoró la decisión casi 280 días desde que las partes involucradas –el Estado, la empresa y un estudio inglés que fue comprando el derecho a litigar de los supuestos perjudicados– terminaron de presentar sus argumentos y responder los de la contraparte. Aunque suene extraño a esta altura y luego de tanto tiempo, vale la pena recordar que hasta el momento la causa estaba en una etapa prejudicial.
El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso. Esta demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.
La trama judicial concitó particular atención política en los últimos meses –en medio de un fuerte contexto de escasez de dólares– por las posibles implicancias económicas que podría tener un fallo final adverso.
Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa.
