El Gobierno retiró al Banco Nación y las seis empresas del grupo de la lista de empresas a privatizar, de manera parcial o total, que figuran en la Ley Bases, ante la falta de garantías de contar con los votos necesarios para aprobar ese capítulo, y el posible efecto cascada, en el recinto de Diputados.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó que “varios de los sectores de la política argentina que lo consideran como un estandarte de empresa pública”. El funcionario, no obstante, remarcó que el Ejecutivo “no deja de lado ese debate” y que está decidido a darlo “otra vez”.
Francos enfatizó no entender muy bien la posición de quienes rechazan el ingreso de privados a la estructura de principal banco público del país “manteniendo el Estado la mayoría accionaria, porque obviamente es la nave insignia del crédito argentino”.
“Estamos en un concepto absolutamente viejo de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público”, remarcó el ministro en declaraciones a radio Mitre.
En esa línea, remarcó que el Gobierno insistirá más adelante en la privatización del BNA y las empresas del grupo, con un modelo similar al que aplicó Luiz “Lula” Da Silva en su primera presidencia, cuando abrió el Banco do Brasil a capitalizarse y cotizar en la Bolsa de Nueva York
“El banco de Brasil cotiza afuera del país y tiene un capital impresionante. ¿Si un banco público en Brasil bajo la presidencia de Lula se convirtió en una empresa que cotiza en Bolsa y que incluyó capital privado, por qué no hacerlo nosotros acá? Lo hemos estudiado muy bien con las autoridades del BNA y esperamos poder debatirlo en el futuro y convencer al resto de los sectores políticos porque es importante”, indicó Francos.
En su defensa de llevar al Banco Nación a cotizar en bolsa, Francos dijo que esa situación “genera una serie de controles y una transparencia que va a cambiar absolutamente la concepción de la banca pública en la Argentina”.
Con el retiro del BNA y sus empresas de la Ley Bases, el capítulo 2 quedó con 11 firmas que buscará poder pasar a manos de los privados si el Congreso aprueba el proyecto.
El articulado fija las condiciones para la privatización hacia la gestión mixta y con el Estado con accionista mayoritario de Nucleoeléctrica Argentina, que administra Embalse, Atucha I y Atucha II, y YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio).
En tanto, en el anexo figuran cuatro firmas como para la privatización total: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ex Enarsa), Radio y Televisión Argentina; e Intercargo.
En tanto, como sujetas a un esquema de concesión, el Gobierno apunta a cinco firmas: AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos); Correo Oficial; Belgrano Cargas y Logística, SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria) y Corredores Viales.
