El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comparecerá este miércoles ante un plenario de comisiones en el Senado para exponer sobre el proyecto de ley denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Esta iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo y que cuenta con la firma del presidente Javier Milei y de la totalidad de su Gabinete de Ministros, busca otorgar mayor libertad a los ciudadanos extranjeros para el acceso a la propiedad de tierras en Argentina sin las actuales limitaciones.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la eliminación de las restricciones que pesan sobre los ciudadanos foráneos para la adquisición de tierras rurales en el país. Según la perspectiva gubernamental, las limitaciones impuestas en 2011 durante la administración de Cristina Kirchner constituyen un «condicionamiento y desincentivo a la inversión internacional» en el sector agropecuario.
Derogación de los límites a la titularidad extranjera
El proyecto de ley deroga los topes vigentes a la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo sostiene que estas restricciones han sido una «limitación irrazonable» que, lejos de resguardar el territorio, ha redundado en perjuicio de uno de los principales sectores productivos de la nación.
El Gobierno considera imperativo dinamizar el mercado inmobiliario rural y atraer capitales que actualmente se ven desalentados por el marco normativo vigente. La propuesta oficial postula que la desregulación permitirá que el campo argentino recupere su atractivo para los inversores a nivel global.
Soberanía y control de Estados extranjeros
Frente a las críticas relativas a la posible «extranjerización» de la tierra, el articulado propone una modificación en el enfoque de los mecanismos de control. La reforma no establece una restricción general para cualquier comprador extranjero, sino que concentra la fiscalización en aquellos casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades directamente vinculadas a ellos.
De esta forma, el Poder Ejecutivo garantiza que se mantendrá un «correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional». El propósito político es facilitar el flujo de capital privado internacional al tiempo que se vigila que potencias extranjeras no tomen control de recursos estratégicos a través de sus empresas de titularidad estatal.
Procedimientos sumarios de desalojo y régimen de manejo del fuego
El proyecto impulsado por Sturzenegger no se circunscribe únicamente a la venta de tierras, sino que introduce modificaciones de trascendencia en materia de seguridad jurídica. Propone un mecanismo “sumarísimo” para el desalojo y la restitución de inmuebles, donde bastará con la acreditación del título de propiedad para que la administración de justicia proceda con celeridad.
Finalmente, la ley busca suprimir artículos clave de la Ley de Manejo del Fuego que impedían la venta o el cambio de uso de tierras incendiadas por períodos de hasta 60 años. El Gobierno califica estas prohibiciones de «irrazonables» y asegura que han demostrado ser ineficientes para la restauración de los ecosistemas afectados.
