En una conferencia de prensa que tuvo lugar en su sede, Schmid expuso que la paralización de las obras públicas ha tenido un impacto negativo no solo en la calidad del servicio sino también en la seguridad, el empleo y las tarifas, lo cual repercute en la calidad de vida de los usuarios. Aunque no anunció un plan específico, dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo acciones de protesta, afirmando: “Estamos preparándonos para ver qué tipo de acción vamos a desarrollar.”
Asimismo, comunicó que la CATT ha respaldado todas aquellas medidas propuestas por la CGT y ha estado presente en las convocatorias de la central obrera, comprometiéndose con la lucha por los derechos de los trabajadores.
En el comunicado difundido, los gremios expresaron su preocupación por la gestión de Javier Milei, señalando que el sistema de transporte enfrenta una “crisis profunda”. Según la CATT, la carencia de una política integral para la materia ha dejado al sector sin rumbo, exacerbando problemas preexistentes.
Uno de los aspectos más preocupantes para la confederación es el deterioro del transporte urbano y ferroviario, que se traducen en una falta de mantenimiento y problemas estructurales, afectando la seguridad vial y operativa. También expresaron su malestar por el incremento de tarifas, argumentando que el costo del boleto se ha convertido en un gasto fijo que compite con otras necesidades familiares. En este sentido, recalcaron que cada aumento se traduce en una disminución de los ingresos disponibles para los trabajadores, especialmente para aquellos que dependen del transporte público diariamente.
La CATT destacó que los usuarios “pagan más, viajan peor y ven afectada su calidad de vida” en un contexto marcado por la deterioración de los servicios y el aumento de costos.
Otro aspecto que llamó su atención fue la situación de las rutas nacionales. Según los sindicalistas, la falta de obras y control incrementa el riesgo de accidentes y eleva los costos del traslado tanto de personas como de mercancías. “La falta de inversión se cuenta en vidas”, subrayaron, insistiendo en que la infraestructura deficiente no solo incrementa los costos del transporte, sino que también compromete la seguridad de los trabajadores y usuarios.
Asimismo, los gremios mostraron su rechazo a los proyectos que buscan desregular la Ley de Cabotaje Nacional, argumentando que estas iniciativas amenazan la soberanía marítima y fluvial y podrían facilitar el ingreso de buques extranjeros.
