La situación ha provocado la intervención de la Justicia Federal, que ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en el proceso que llevó a la adjudicación de la concesión a la empresa Minella Stadium S.A., la única que se presentó a la licitación de este estadio y del Parque de los Deportes, la concesión más relevante en la historia reciente de la ciudad.
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani ha solicitado que se investiguen delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ha planteado dudas sobre la solvencia financiera del grupo brasileño que lidera la concesionaria, en vista de que a pocos meses de iniciar su gestión no se han evidenciado avances significativos en las obras, y aún no se ha hecho público el plan ejecutivo ni el contrato de concesión.
La presentación judicial se centra en dos puntos clave: primero, la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la concesionaria y el acceso a la documentación relacionada; y segundo, la situación financiera y los antecedentes de las empresas que componen el grupo adjudicatario.
La adjudicación tuvo lugar en julio de 2025, aprobada por el Concejo Deliberante, con Minella Stadium S.A. presentando una única oferta que contó con el aval de la mayoría compuesta por el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica.
La empresa, formada por el grupo brasileño Revee y la sociedad argentina Pro Enter, aseguró que invertiría cerca de 40 millones de dólares a lo largo de 30 años, con la opción de extender el contrato por diez años más. Se presentó como la solución definitiva para la restauración del principal recinto deportivo de la ciudad, que incluye la rehabilitación del Mundialista y del Polideportivo Islas Malvinas, además de nuevos espacios comerciales y la modernización de la infraestructura.
Sin embargo, casi siete meses después de firmar el contrato, la realidad contrasta con estas promesas. Desde distintas fuerzas de la oposición, se ha afirmado que no hay avances visibles y se solicita el acceso al contrato final y al plan ejecutivo de obras.
El fiscal ha retomado cuestiones planteadas por concejales de diferentes bloques que indican no haber recibido respuestas satisfactorias por parte de la administración municipal.
No obstante, la controversia ahora se extiende más allá del progreso de las obras, pues la denuncia del fiscal incluye preocupaciones sobre la capacidad financiera de las empresas involucradas en la concesión. Pettigiani argumenta que es responsabilidad de la Justicia determinar si el municipio ha confiado la gestión de uno de sus activos más relevantes a un concesionario solvente y si los fondos destinados al proyecto son de origen lícito. En este sentido, menciona las indagaciones que se llevan a cabo en Brasil respecto a REAG, el grupo vinculado a Revee.
Según la denuncia, REAG ha estado implicada en el “Caso Banco Master”, un escándalo financiero que ha generado gran revuelo en el mercado brasileño. Además, se citan publicaciones periodísticas que ponen en duda la capacidad operativa y financiera de Revee para enfrentar la inversión comprometida en Mar del Plata.
Por ello, el fiscal ha solicitado que se amplíe la investigación para comprobar si se evaluó adecuadamente la solvencia de la única oferta durante el proceso licitatorio y la procedencia de los fondos asociados al proyecto.
Entre las acciones sugeridas, se incluye la convocatoria a declarar a concejales que votaron en contra de la adjudicación de la licitación, la incorporación de la documentación periodística como prueba, y la solicitud a la Cancillería argentina de información a la Justicia brasileña sobre la relación entre Revee y REAG, así como las investigaciones que la involucran.
Además, se ha requerido que la Municipalidad de General Pueyrredón envíe toda la documentación relativa a la concesión, incluidos los antecedentes de la adjudicación.
Ante los cuestionamientos, en marzo la empresa emitió un comunicado en el que aseguraba que, desde su toma de posesión, “el trabajo ha sido continuo e intenso”, destacando que actualmente se está elaborando el plan ejecutivo. Indicó que hasta la fecha se han realizado inversiones cercanas a 3 millones de dólares, destinadas a la operatividad inicial, mantenimiento y reparaciones necesarias para asegurar el funcionamiento del complejo.
La empresa sostiene que si el desarrollo continúa como está planeado, desde enero de 2027 el estadio será nuevamente sede de importantes eventos deportivos y culturales, recuperando “la emoción, la pasión y el protagonismo que históricamente caracterizaron a la ciudad”. Por ahora, la última palabra la tiene la Justicia Federal.
