La nueva legislación, que obtuvo 66 votos a favor y ninguno en contra, abarca a excombatientes que solicitaron la baja o el retiro entre 1983 y 1985 debido a las secuelas físicas o psicológicas derivadas del conflicto.
Asimismo, la normativa incluye a aquellos veteranos que no continuaron en sus carreras o que no fueron asignados a cargos en la administración provincial tras el término del conflicto.
El monto de la jubilación equivale al 80% de la mejor remuneración registrada en el ámbito de la administración pública bonaerense y abarca todos los subsidios mensuales vigentes.
Para acceder a este beneficio, los veteranos deben tener un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS).
El texto final de la ley incluye modificaciones que limitan el acceso al beneficio a aquellos individuos condenados por delitos de lesa humanidad o a militares que fueron sancionados por incumplimientos relacionados con la guerra.
Este proyecto fue impulsado por los senadores de Unión por la Patria, María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, quienes ya habían conseguido la media sanción el año anterior.
La aprobación en la Cámara de Diputados fue unánime, contando con el apoyo de La Libertad Avanza, que en un comunicado lo calificó como una “reparación histórica”.
“Es fundamental que, después de tanto tiempo, este grupo de excombatientes, que muchas veces no recibió el trato que merecía por parte del Estado, obtenga el reconocimiento que han estado buscando. Esta reparación histórica no pertenece a un espacio político específico, sino a todos los argentinos que les debemos el sacrificio que hicieron por nuestra patria”, afirmó el diputado y vicepresidente de la Cámara, Juanes Osaba.
El proyecto había suscitado críticas del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que advirtió que la propuesta original podía beneficiar a represores de la dictadura.
Ante esas objeciones, la iniciativa regresó al Senado el mes pasado y este lunes fue ratificada por la Cámara baja con los cambios propuestos.
