El respaldo a la medida estuvo compuesto por los bloques de Pro, La Libertad Avanza, el radicalismo y otros espacios aliados, mientras que el peronismo optó por abstenerse.
Con el nuevo esquema, la Justicia porteña quedará a cargo de los juicios individuales derivados de relaciones laborales. Allí se incluyen los reclamos de trabajadores contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones. En cambio, los conflictos colectivos y las demandas impulsadas por organizaciones sindicales continuarán bajo la órbita de la Justicia Nacional.
Uno de los principales objetivos del traspaso es acortar los plazos de resolución de los expedientes. Las causas que actualmente pueden extenderse entre tres y cinco años podrían resolverse en alrededor de un año o incluso en menos tiempo.
El cambio no tendrá efecto sobre los procesos que ya se encuentran en trámite. Esos expedientes continuarán en los tribunales nacionales hasta que se dicte una sentencia definitiva, mientras que las nuevas demandas serán derivadas a los juzgados de la Ciudad.
El esquema también contempla nuevas atribuciones para el Tribunal Superior de Justicia porteño, que podrá intervenir en causas vinculadas con cuestiones de derecho local y común. A su vez, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad tendrá a su cargo las condiciones necesarias para poner en funcionamiento la nueva estructura judicial.
El traspaso todavía requiere un paso adicional. El Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad deberán suscribir un segundo acuerdo para establecer la transferencia de los recursos presupuestarios necesarios para sostener las competencias que asumirá la Justicia porteña.
Una vez firmado ese convenio, comenzará a correr un plazo de 180 días para avanzar con la designación de los nuevos jueces, la adecuación de la infraestructura y la implementación del sistema.
