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Una provincia argentina propone limitar el acceso a redes sociales en escuelas tras resultados de pruebas PISA

10 septiembre, 2026
in Sociedad
Una provincia argentina propone limitar el acceso a redes sociales en escuelas tras resultados de pruebas PISA
La Defensoría del Pueblo de Catamarca ha realizado gestiones ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Su objetivo es que se exija a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y a otras plataformas digitales, implementar medidas que restringen el uso compulsivo de sus servicios entre menores de edad en Argentina. Esta iniciativa surge a raíz de la inquietud por el efecto de las redes sociales en el entorno educativo, especialmente tras los alarmantes resultados de las pruebas PISA 2025.

El organismo ha solicitado que las empresas anulen funciones de diseño que, según señala, promueven el tiempo prolongado frente a las pantallas, tales como el “scroll” infinito, las notificaciones continuas y los algoritmos de recomendación. Además, advirtió sobre la recolección de datos personales de menores y afirmó que las autoridades poseen herramientas legales para intervenir sin necesitar esperar una nueva regulación del Congreso.

Esta propuesta se sostiene en un acuerdo realizado en California con Meta, impulsado por una coalición de 51 fiscales generales de Estados Unidos, que incluye restricciones como límites de uso diario, bloqueos durante la noche, disminución de notificaciones en horario escolar, opciones de contenido no personalizado y medidas para excluir a menores de 13 años.

“Las plataformas operan como una sustancia adictiva en el bolsillo de cada adolescente. Si en Estados Unidos, tras la presión de 51 fiscales, Meta tuvo que aceptar que su diseño genera picos de dopamina e implementar límites estrictos, en Argentina exigimos exactamente lo mismo. Nuestros niños no valen menos. Tienen que recomponer este daño”, afirmó el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera.

En este contexto, Mera enfatizó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estas corporaciones utilizan a nuestros jóvenes para probar algoritmos. La presentación que hacemos busca instar a las plataformas digitales a que desconecten hoy mismo esta maquinaria que promueve una real ludopatía digital en nuestros niños”.

La Defensoría vinculó el pedido a los resultados de las pruebas PISA 2025, que evidenciaron los peores desempeños de Argentina en aprendizaje desde 2006, con una caída en las tres áreas evaluadas.

“Las consecuencias de este diseño ya son visibles y cuantificables en las aulas argentinas. Según los resultados de las pruebas PISA 2025, el país tuvo sus peores resultados en aprendizaje desde 2006 y por primera vez cayó simultáneamente en las tres áreas evaluadas”, expusieron en un comunicado.

Asimismo, mencionaron que “el informe destaca el nivel de distracción digital: el 55% de los estudiantes argentinos afirmó que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante las clases, casi duplicando el promedio internacional (28%)”.

Mera subrayó que el uso excesivo de dispositivos tiene un impacto directo en el rendimiento escolar y también alertó sobre el avance de la inteligencia artificial. “La falta de rendimiento de los alumnos en su trayecto escolar está directamente vinculada con el mal uso y sobreuso de las plataformas digitales. En eso hay que encender una alarma de mayor alerta aún con la Inteligencia Artificial”, sostuvo.

El informe PISA también señala que en las escuelas argentinas donde se prohíbe el uso de celulares, la distracción digital disminuye en un 19%. Para la Defensoría, este dato refuerza la urgencia de implementar restricciones sobre el uso de dispositivos y redes sociales dentro de las instituciones educativas.

En sintonía, el Defensor del Pueblo de Catamarca indicó que “la Defensoría está trabajando activamente en la elaboración de una ley nacional integral junto a asociaciones de la sociedad civil y legisladores nacionales”.

“Existen diversas iniciativas en discusión en el Congreso y muchas otras promovidas por la sociedad civil. Estamos buscando unificar una herramienta legal robusta, pero el daño a la salud mental y a la educación de los chicos se produce minuto a minuto”, enfatizó.

Y concluyó: “Hasta que se establezca una ley, los organismos competentes deben actuar. No es necesario esperar que el Congreso regule para poner fin a esto. Las herramientas legales ya están disponibles, y buscamos instar a las plataformas a que las implementen de inmediato”.

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