Uno de los principales argumentos de la entidad fue la evolución reciente de la producción manufacturera. De acuerdo con los datos del INDEC, la actividad industrial cayó 4,9% interanual en julio. La baja alcanzó a 12 de los 16 sectores incluidos en el Índice de Producción Industrial (IPI) al comparar con el mismo mes del año anterior y a 15 sectores en la medición mensual.
La UIA señaló que este escenario coincide con los relevamientos realizados por sus áreas de análisis y seguimiento de las pequeñas y medianas empresas, que registraron dificultades vinculadas con la morosidad, el empleo y el nivel de actividad. Frente a este panorama, la entidad presentó una serie de propuestas destinadas a reducir los costos que enfrentan las empresas.
En materia impositiva, uno de los ejes del planteo está relacionado con la presión fiscal. La UIA estimó que la presión fiscal formal en Argentina llega al 56% y sostuvo que ese nivel afecta especialmente a la industria, debido a que sus productos compiten tanto en el mercado interno como con bienes importados.
Para reducir ese impacto, la entidad solicitó suspender los embargos durante 180 días y permitir que las empresas puedan migrar entre distintos planes de pago. También pidió una reducción de la tasa de financiación de ARCA para las PyMEs.
Entre las medidas propuestas figuran además el diferimiento durante 180 días de los vencimientos de IVA para actividades estacionales, la anualización de las cargas sociales y la postergación de las Contribuciones Patronales para las economías regionales. A esto se suma el pedido de acelerar la devolución de los saldos a favor correspondientes a impuestos nacionales.
El costo energético constituye otro de los puntos señalados por la organización industrial. Según la UIA, los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) registraron incrementos de entre 90% y 100% en el costo básico de la energía. Esto habría llevado a que algunas facturas duplicaran el monto del mes anterior y prácticamente triplicaran el correspondiente a dos meses atrás.
Frente a esta situación, la entidad tomó como referencia mecanismos aplicados en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para financiar los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista. A partir de esos antecedentes, solicitó al Gobierno nacional que permita financiar los vencimientos y establecer esquemas de prorrateo.
El financiamiento productivo es otro de los aspectos incluidos en el reclamo. La UIA planteó la necesidad de disminuir la carga impositiva que pesa sobre el crédito destinado a la producción y propuso que las operaciones de refinanciación de pasivos queden exentas de impuestos.
Según los cálculos presentados por la entidad, la acumulación de IVA nacional, Ingresos Brutos, Sellos provinciales y tasas municipales genera un incremento superior al 18% sobre el costo financiero. De esta manera, una tasa nominal anual de referencia del 35% se transforma en un Costo Financiero Total promedio del 41,4%, es decir, 6,4 puntos porcentuales adicionales.
A este escenario, la UIA sumó el impacto de los encajes sobre los depósitos a la vista, que ubicó en torno al 45%. La entidad comparó ese nivel con el 21% registrado en Brasil y el 9% de Chile, y sostuvo que esta situación limita la capacidad del sistema financiero para otorgar préstamos.
El planteo industrial también se apoya en la baja participación del crédito bancario en la economía argentina. Según los datos incluidos en la presentación, el financiamiento bancario representa actualmente alrededor del 12% del PBI, frente a un promedio regional cercano al 60%.
Con estos argumentos, la UIA reclamó al Gobierno medidas orientadas a reducir los costos fiscales, energéticos y financieros que pesan sobre las empresas, especialmente las PyMEs, mientras la actividad industrial continúa atravesando un período de contracción.
