La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza un nuevo pedido para restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para tratar una medida cautelar que, si prospera, podría volver a poner en vigencia las disposiciones de la ley de tierras derogadas por el decreto 70/2023 del presidente Javier Milei.
El planteo llega pocos días después de que la propia Corte revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, que derogó la ley 26.737. Aquella decisión generó cuestionamientos de la oposición, que evalúa impulsar en el Congreso la derogación de todo el DNU.
El expediente que se analizará está vinculado con una presentación de la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los solicitantes presentaron un pedido de aclaración para que el tribunal precise si su acción colectiva queda alcanzada por el fallo anterior o debe tramitarse de manera independiente.
Los demandantes sostienen que su reclamo tiene fundamentos distintos de los examinados en el caso del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), cuya presentación había sido rechazada por la Corte por considerar que la organización no tenía legitimación para promoverla. En esta nueva causa, los argumentos se apoyan en la protección ambiental y en los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La resolución requiere la intervención de los tres integrantes titulares de la Corte —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— junto con dos conjueces, Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los magistrados fueron convocados luego de que no hubiera consenso entre los jueces del máximo tribunal sobre cómo avanzar con el expediente.
El procedimiento también tuvo cambios en los plazos. Los conjueces fueron sorteados el martes y, posteriormente, la Corte redujo de 72 a 24 horas el período disponible para recusarlos, además de habilitar días y horas inhábiles. Una vez vencido ese plazo, Rosatti convocó al acuerdo extraordinario.
Si el tribunal considera que el amparo colectivo debe tratarse por separado, deberá definir qué trámite corresponde. Una posibilidad sería devolver el expediente a primera instancia, aunque también podría resolver directamente sobre la medida cautelar. Esta última alternativa sería excepcional y podría adoptar la forma de una medida provisoria.
La presentación de Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas se produjo el mismo día en que Rosatti y Lorenzetti difundieron un comunicado en defensa del fallo anterior. En esa declaración, señalaron que quienes consideraran inconstitucional la regulación vigente podían solicitar una medida cautelar si contaban con legitimación para hacerlo.
La decisión que adopte la Corte podría tener consecuencias sobre la vigencia de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros y sobre el debate político abierto tras la derogación de la ley. La oposición busca tratar el tema en Diputados durante una sesión especial prevista para la próxima semana.
