La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) sufrió una reestructuración significativa ya que se decidió despedir a 100 de sus 144 empleados.
La medida fue destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Con los años dio cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada. Aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza. Este organismo juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo”.
La DPSCA fue creada en 2009 como parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), con la intención de recibir denuncias de la ciudadanía sobre abusos en los medios de comunicación. El organismo llegó a contar con una planta de 144 empleados. Además, incurrió en gastos cuestionados, como la adquisición de un estudio de televisión portátil utilizado para actividades en temporada estival.
El funcionario insistió en que “el alto costo por legislador que tiene nuestro Congreso obedece a estas estructuras que se ha ido sumando y que es imperativo desarmar, mucho más si nos hacen una sociedad más pobre y menos libre”. Y le dejó un mensaje a los legisladores: “El Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”.
Impacto financiero
Sturzenegger detalló que desde su creación, mantener la DPSCA tuvo un costo de “70 millones de dólares”, y ejemplificó: “Para tener una idea de los montos involucrados, en 2023 cada denuncia le costó al contribuyente unos 1,5 millones de pesos”. Este gasto fue uno de los factores que motivaron la resolución 107, que reduce la planta a 40 empleados y remata el estudio de televisión portátil y ajusta la estructura para limitar su uso como herramienta política.
