La caída en la recaudación en un contexto marcado por la sequía se sumó a la falta de crédito y a los límites acordados con el FMI sobre la posibilidad de emitir cuando faltan solo tres semanas para conocer a los candidatos de los próximos comicios. Especialistas advierten que no hay mecanismo para financiar el déficit.
El Gobierno se encuentra con poco margen para aumentar el gasto público de cara a las elecciones frente al impacto de la aceleración de la inflación en los ingresos. La caída en la recaudación por la sequía se sumó a la falta de crédito y al límite para aumentar la emisión monetaria cuando faltan solo tres semanas para conocer a los candidatos de los próximos comicios.
En paralelo, el Ministerio de Economía negocia con el FMI la posibilidad de tener una caja especialmente destinada a sostener el consumo y evalúan otorgar algún refuerzo de ingresos para los sectores formales que deberán afrontar las empresas.
En este sentido, el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, advirtió que un “Plan Platita” en estos momentos puede ser contraproducente para las intenciones oficiales. “Antes esos programas electorales alcanzaban para dos semanas de vacaciones, pero ahora serviría para un fin de semana”, ironizó Menescaldi.
“Teniendo en cuenta que el déficit fiscal ya llegó a $1 billón hay menor espacio para financiar ese agujero. Pueden usar la emisión del BCRA, pero eso también le pondrá combustible a los aumentos de precios. Por otro lado, hay un problema de oferta de bienes, por lo que un plan platita puede aumentar el consumo y además hacer saltar más la inflación”, explicó el economista.
resaltaron que cerrar el año con un rojo primario de 1,9% del PBI como prevé el Presupuesto es muy complicado, pero más difícil será conseguir recursos para cubrir ese bache. “En un caso extremo, sin financiamiento no hay déficit”, apuntaron. Esta es una de las razones por la cual el BCRA se ve obligado a intervenir en el mercado secundario para facilitar las licitaciones del Tesoro.
“La fragilidad que expone el actual esquema de política económica y la incertidumbre típica de los procesos electorales limitan los posibles desvíos expansivos en materia fiscal, al margen del acuerdo con el FMI: la elevada dependencia del Tesoro del mercado de deuda en pesos obligará al Gobierno a reencauzar el sendero hacia la consolidación fiscal para mantener acotadas las necesidades de financiamiento”, expresó la consultora.
En definitiva, la situación fiscal requerirá acelerar el ajuste en el gasto público en las partidas que resultaron las más afectadas: subsidios a las tarifas y gasto social.
Luego de su paso por China el ministro de Economía, Sergio Massa, espera cerrar la próxima semana una nueva hoja de ruta con el FMI que le permita contar de inmediato con los desembolsos del segundo semestre, que suman US$10.600 millones.
La intención del titular del Palacio de Hacienda es poder utilizar parte de los fondos para intervenir en el mercado cambiario, ya que considera que una nueva corrida puede disparar la inflación, tras un mayo en el que se espera que el IPC se acerque al 9% según las proyecciones privadas.
También se baraja la posibilidad de que el organismo permita utilizar recursos para recomponer la pérdida de los ingresos de los sectores informales, segmento más afectado por los aumentos de precios, especialmente de los alimentos. En el plano local, se estudia la posibilidad de que los trabajadores formales reciban un refuerzo para afrontar la caída del poder adquisitivo. Esto es, principalmente, porque el incremento del 30% en los límites de las tarjetas de crédito, la reducción en las tasas de Ahora 12 y en los saldos impagos de los consumidores no serán suficientes para compensar el deterioro.