La CIJ, que actúa como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, respondió a una consulta del Consejo de Administración de la OIT sobre la inclusión de la huelga bajo la protección del convenio 87, un tema que ha generado tensiones entre sindicatos y empleadores durante varias décadas. La Corte indicó que la OIT contaba con la “debidamente autorizada” capacidad para hacer esta consulta y que el asunto representaba “de hecho una cuestión legal”, ya que se refería a “la interpretación de las disposiciones de un tratado”.
Asimismo, el tribunal desestimó la idea de que debía abstenerse de pronunciarse al considerar que la cuestión debía resolverse únicamente a través de los mecanismos internos de la OIT, o que una respuesta podría afectar la naturaleza tripartita del diálogo en este organismo. Según la Corte Internacional de Justicia, ninguno de esos argumentos justifica la falta de una opinión consultiva.
La CIJ reiteró que su interpretación no establece el contenido particular, el alcance ni las condiciones para el ejercicio del derecho de huelga, elementos que continúan dependiendo de la legislación nacional de cada país y de los mecanismos internacionales competentes.
En Argentina, la declaración de la CIJ ha intensificado las posiciones opuestas entre la CGT y el sector empresarial. En este sentido, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), expresó: “Celebramos el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que ratifica que el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”.
Martínez añadió: “El dictamen de la Corte reafirma décadas de jurisprudencia laboral internacional coherente y restablece la seguridad jurídica y la credibilidad dentro del sistema de normas internacionales del trabajo”. Para el líder de la UOCRA, “el derecho de huelga es un componente esencial de la libertad sindical y un medio fundamental a través del cual los trabajadores defienden sus intereses, garantizan el trabajo decente y contribuyen a las sociedades democráticas”. También destacó: “El dictamen de hoy es importante no sólo para los trabajadores y los sindicatos, sino también para los gobiernos y las empresas responsables”.
Martínez consideró que “la claridad jurídica y la previsibilidad en un aspecto tan crítico del derecho laboral internacional y del sistema de supervisión de las normas de la OIT son indispensables para unas relaciones laborales estables y un diálogo social eficaz.”
