Con el envío oficial de estos proyectos al ámbito legislativo, se convocó a una reunión política para este martes en Balcarce 50, que comenzará a las 11. Este encuentro tiene como objetivo definir la agenda legislativa que el Poder Ejecutivo busca promover en los próximos meses, buscando recuperar la iniciativa y el control sobre el debate público.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales, la reunión tiene el propósito de mejorar la coordinación entre los diferentes sectores del Ejecutivo y el Congreso. Desde la Casa Rosada, consideran que el panorama legislativo de este año requerirá una mayor articulación con aliados y bloques afines para poder obtener la aprobación de las reformas propuestas.
En este contexto, el nuevo paquete legislativo enviado por el oficialismo incluye el Super RIGI, el Etiquetado Frontal, la Ley de Ludopatía y la Ley de Lobby, siendo los primeros dos los principales focos de atención del Ejecutivo.
Según el texto presentado, la renovada versión del RIGI establece “un plazo de CINCO (5) años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por única vez por hasta UN (1) año, y regula los sujetos habilitados, exigiendo la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU) con objeto exclusivo y activos afectados únicamente al proyecto adherido”.
El exministro Caputo había anticipado la creación de este nuevo Super RIGI.
Entre las condiciones para poder adherirse al régimen, se establece que la inversión mínima en “activos computables” deberá ser de al menos 1.000 millones de dólares por proyecto. Además, se requerirá un compromiso de invertir “al menos el VEINTE POR CIENTO (20 %) de dicho monto dentro de los DOS (2) primeros años desde la Fecha de Adhesión”.
Referente a los incentivos fiscales, el proyecto propone: “Una alícuota del QUINCE POR CIENTO (15 %) en el Impuesto a las Ganancias para los VPU adheridos; un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura; la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal; una alícuota reducida del TRES COMA CINCO POR CIENTO (3,5 %) sobre dividendos y utilidades; un mecanismo de Certificados de Crédito Fiscal para la cancelación del IVA sobre inversiones en activos computables; y la exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y los productos obtenidos al amparo del proyecto”.
Asimismo, se contempla una “alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la Fecha de Adhesión”.
En el Capítulo VI se regulan los incentivos cambiarios, que incluyen la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación, con un esquema escalonado del VEINTE POR CIENTO (20 %), CUARENTA POR CIENTO (40 %) y CIEN POR CIENTO (100 %) a lo largo de TRES (3) años desde la primera exportación, además de la no obligatoriedad de ingresar ni liquidar divisas por aportes de capital y financiamientos vinculados al proyecto.
En cuanto a los sectores que se beneficiarán del nuevo RIGI, Caputo mencionó que impactará en áreas como el refinamiento y laminado de cobre y la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. “Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de 20.000 o 30.000 millones de dólares en favor de la Argentina”, afirmó.
Por otro lado, la Casa Rosada busca trabajar en la derogación de la actual ley de Etiquetado Frontal de alimentos. Esta legislación obliga a las empresas alimenticias a rotular los envases con octógonos negros que advierten sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, siendo esta una medida enérgica para promover hábitos alimentarios saludables y prevenir enfermedades.
El Gobierno argumenta que el esquema vigente “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley en materia de información clara, adecuada y útil para la adopción de decisiones alimentarias saludables”.
“Asimismo, durante la implementación de la norma se evidenciaron dificultades derivadas de la metodología de cálculo utilizada, basada en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total del producto, lo que en determinados casos produce resultados técnicamente inconsistentes o desproporcionados respecto del perfil nutricional global del alimento”, añaden las consideraciones del proyecto.
En lo que respecta al proyecto relacionado con la Ludopatía, el objetivo es “combatir a las plataformas ilegales de apuestas online”, según había anticipado Adorni, buscando “reforzar la protección de los menores de edad”.
El texto ingresado al Congreso indica que esta propuesta busca “erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, así como su publicidad, promoción y difusión”, además de “prohibir el acceso y uso de juegos de azar en línea a los menores de edad”.
La iniciativa contempla desarrollar estrategias de prevención y abordaje al juego patológico en conjunto con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la implementación de políticas públicas de concientización y la elaboración de estadísticas para monitorear la asistencia y rehabilitación.
El texto también incluye modificaciones al Código Penal, donde se plantea un incremento de la pena de 3 a 6 años para quien “explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare (…) cualquier modalidad o sistema de captación de apuestas en juegos de azar sin contar con la autorización pertinente”.
Asimismo, se buscará implementar una Ley de Lobby que regule la gestión de intereses privados ante organismos públicos. El proyecto propone crear un “Registro de encuentros” para documentar y transparentar cada contacto entre funcionarios y privados, así como un “Blanqueo de actores” que incluirá a empresas, cámaras empresariales, ONGs y sindicatos que busquen influir en la legislación. También se plantean límites para evitar conflictos de interés.
Según el texto, “La gestión de intereses es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus distintas propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones. Este proyecto es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Se entenderá como gestión de intereses a “toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento, preparación o incidencia, desarrollada por personas o entidades, por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita, mediante cualquier modalidad, que busque influir en decisiones públicas”.
El proyecto prevé la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, con acceso público gratuito y digital, donde no sólo los actores deberán registrarse, sino también los contactos de gestión de intereses mantenidos por los “sujetos obligados” según la normativa propuesta.
Finalmente, los actores internacionales también deberán inscribirse en el Registro de Gestores de Intereses y presentar información adicional obligatoria junto con reportes especiales.
