Según el anuncio oficial, esta garantía permitirá a Argentina movilizar USD 1.200 millones en financiamiento privado, facilitando la llegada de recursos internacionales en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El BID destacó que el respaldo tiene como fin “mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI”.
Los fondos se destinarán al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), una serie de reformas implementadas por el Gobierno argentino para enfrentar delitos relacionados con organizaciones criminales. El proyecto aspira a “fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito”.
En el marco de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, el proyecto adopta un enfoque integral basado en resultados, buscando potenciar las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, así como mejorar la investigación e inteligencia criminal. El BID subrayó que “el costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del PIB, superando el promedio regional”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se manifestó agradecido en sus redes sociales, afirmando: “Muchas gracias, Ilan Goldfajn y al BID por este importante respaldo. La aprobación de esta garantía, la primera otorgada por el BID a la Argentina, es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”.
La garantía anunciada ya había sido anticipada en abril, cuando el Grupo BID proyectó un esquema de asistencia para Argentina que podría superar los USD 7.200 millones durante 2026, incluyendo más de USD 5.000 millones en operaciones con el sector público. Este esquema contempla también un aporte adicional de BID Invest, que estimaba movilizar inversiones por alrededor de USD 2.200 millones en el transcurso del año.
Esta proyección representó un incremento respecto al año anterior, cuando se aprobaron operaciones por cerca de USD 5.000 millones. En ese entonces, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que la entidad apoyaría el proceso argentino “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”. La aprobación final de cada parte del paquete dependía de las decisiones de los directorios de los distintos organismos del grupo, un proceso que se fue completando en semanas recientes.
La comunicación del BID se produjo un día después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, destinado a cubrir el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.
Estas decisiones se enmarcan en un contexto de disminución del riesgo país, que cayó de 520 puntos básicos en abril a 425 puntos básicos al cierre del lunes, el nivel más bajo en ocho años. Esta mejora se atribuye a varios factores, incluyendo la elevación de la calificación de la deuda argentina por Standard & Poor’s, que pasó de CCC+ a B-, y el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, comentó que “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales”.
Las garantías proporcionadas por organismos multilaterales son parte de la estrategia financiera presentada por el equipo económico ante el FMI para cerrar el programa correspondiente a este año. El viceministro de Economía, José Luis Daza, había mencionado previamente que esta estrategia incluye préstamos respaldados por garantías del BID, el Banco Mundial, MIGA, y posiblemente, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Se ha señalado que el CAF podría añadir, a finales de julio, una garantía adicional de entre USD 250 y USD 500 millones, completando así el esquema de respaldo multilateral previsto para 2026.
