Este cambio se formalizó a través de la Resolución 716/2026, la cual fue publicada en el Boletín Oficial.
La nueva normativa sustituye el procedimiento anterior y establece criterios unificados para los laboratorios que participan en la identificación de las sustancias confiscadas.
El protocolo detalla los contenidos mínimos que deben incluir los informes, así como los métodos de muestreo y los requerimientos técnicos para el análisis de sustancias como cocaína, marihuana, psicotrópicos y MDMA.
Asimismo, incorpora procedimientos para la identificación de nuevas sustancias psicoactivas, cuya composición puede ser variable, complicando su detección a través de métodos convencionales.
La aplicación del protocolo estará a cargo de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas, que coordina el trabajo de diversas dependencias tanto nacionales como provinciales.
Esta actualización tiene como objetivo homogeneizar los resultados, potenciar la trazabilidad de las muestras y minimizar las discrepancias técnicas que pueden surgir entre las pericias realizadas en diferentes jurisdicciones.
Los análisis resultan fundamentales para establecer la composición y cantidad de las drogas, además de ser utilizados como evidencia en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
