Sebastián Queijeiro, abogado de la querella, indicó que la audiencia de cesura se realizó de forma virtual, con los condenados participando desde sus celdas.
El 6 de julio, un jurado popular había declarado unánimemente a los tres imputados culpables de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego.
Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, expresó su satisfacción con la decisión judicial, pero lamentó que el sospechoso de desmembrar el cuerpo siga en libertad: “No entiendo cómo la persona que descuartizó a Fernando esté libre hasta que comience el juicio. Estamos en Argentina”, comentó.
La investigación involucra a otros acusados, entre ellos a la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, quienes enfrentarán un juicio ordinario que se llevará a cabo en el mismo Tribunal, aunque aún no se ha fijado fecha.
Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en General Rodríguez, a donde había ido para cobrar una deuda que mantenía con Pilepich, según la acusación. El financista recibió dos disparos, y su cuerpo fue desmembrado y esparcido en un arroyo al sur del Gran Buenos Aires. Parte del cadáver fue hallada en una valija que pertenecía a una joven trans, quien fue inicialmente imputada pero luego sobreseída, por lo que no irá a juicio.
La principal teoría del caso sugiere que el asesinato se llevó a cabo para cancelar una deuda de 200 mil dólares relacionada con cuatro departamentos. La querella alega que el móvil del crimen fue el dinero y que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque. La gestora engañó a Pérez Algaba llevándolo a un campo en General Rodríguez, mientras que Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cuerpo, y el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en valijas para finalmente esparcirlo en un arroyo de Ingeniero Budge.
