Con esta dinámica, la proyección para el conjunto de 2026 alcanza los 137.800 nuevos juicios. En julio ingresaron 7.814 demandas, una cifra inferior a la de junio debido al efecto estacional de la feria judicial. Sin embargo, la baja mensual no modificó la tendencia general: la judicialidad acumulada durante los últimos 12 meses llegó a cerca de 135.400 notificaciones.
La cantidad de demandas vinculadas con el sistema de riesgos del trabajo continúa por encima de los niveles del año pasado y mantiene una diferencia significativa respecto de otros países. El volumen de juicios en Argentina supera 23 veces al registrado en Chile y 16 veces al de España.
El nivel de litigiosidad genera preocupación dentro del sector asegurador, que reclama medidas destinadas a reducir las demandas que considera injustificadas y a otorgar mayor previsibilidad al sistema.
Actualmente, el régimen de ART brinda cobertura a más de 10 millones de trabajadores y a 1 millón de empleadores en todo el país. Si bien el fenómeno alcanza a distintas jurisdicciones, algunas provincias presentan niveles particularmente elevados.
En julio, Santa Fe registró 1.525 nuevas demandas, lo que representó un aumento del 20,7% respecto del mismo mes de 2025. Con ese resultado, superó a la Ciudad de Buenos Aires, que contabilizó 1.510 casos, y quedó como la segunda jurisdicción con mayor cantidad de juicios, detrás de la provincia de Buenos Aires, que registró 2.805.
Durante los primeros siete meses del año, Santa Fe acumuló 12.150 demandas y registró un incremento interanual del 18%, frente al 2% observado a nivel nacional. La tasa de litigiosidad proyectada para 2026 alcanza en la provincia los 349 juicios cada 10.000 trabajadores, más de dos veces y media el promedio nacional, ubicado en 138.
El aumento se produce pese a la creación del Cuerpo de Peritos Oficiales en Santa Fe, una reforma que buscaba reducir los incentivos para la presentación de demandas consideradas injustificadas y aportar mayor previsibilidad al sistema.
Otro de los elementos destacados en el análisis es un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27.348”.
El 6 de agosto, el máximo tribunal revocó por unanimidad una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había incrementado el monto de una condena contra una ART, pese a que el trabajador no había apelado la decisión.
La Corte consideró que se había vulnerado el principio de “reformatio in peius”, una garantía procesal que impide modificar una sentencia en perjuicio de quien apeló cuando la otra parte no cuestionó el fallo.
El precedente fue considerado una señal favorable para limitar criterios judiciales que pueden incrementar la litigiosidad. También se señaló que el artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral establece que los jueces laborales deben adecuar sus decisiones a la doctrina de la Corte, bajo pena de incurrir en mal desempeño.
Pese a este fallo, la judicialidad continúa en niveles elevados y se mantiene como uno de los principales puntos de tensión dentro del sistema de riesgos del trabajo. La posición del sector es que decisiones como la adoptada por la Corte avanzan en la dirección buscada, aunque no resultan suficientes por sí solas para modificar la tendencia.
El sistema de ART tiene como funciones la prevención de accidentes laborales, la atención de los trabajadores y la cobertura de los empleadores. A 30 años de su implementación, se atribuye a las políticas de prevención la evitación de 5,1 millones de accidentes laborales y el salvamento de más de 20.000 vidas.
Con una proyección cercana a las 138.000 nuevas demandas para 2026, la litigiosidad laboral vuelve a ubicarse entre los principales desafíos del sistema de riesgos del trabajo.
