El reclamo tomó fuerza luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizara el término “tarados” para referirse a quienes plantean la necesidad de una política industrial. La expresión generó respuestas dentro del sector manufacturero y abrió una discusión sobre las condiciones en las que las empresas argentinas pueden participar de las inversiones promovidas por el RIGI.
El planteo que prepara el sector consiste en establecer un esquema de incentivos para las compañías que puedan convertirse en proveedoras de las empresas beneficiarias del RIGI, con especial atención en una reducción de la carga impositiva. El objetivo es que los proyectos de gran escala no se abastezcan exclusivamente con bienes y estructuras fabricados en el exterior.
La preocupación se hizo visible particularmente entre los fabricantes nacionales de estructuras metálicas. Según el planteo del sector, algunas empresas multinacionales comenzaron a optar por importar desde el exterior construcciones y módulos completos, con China como uno de los principales orígenes.
Uno de los casos señalados corresponde al proyecto Vicuña, una inversión estimada en US$7.100 millones. Una entidad que representa a fabricantes nacionales de construcciones modulares cuestionó que la primera gran contratación del proyecto haya sido adjudicada a una compañía china para proveer módulos, estructuras y materiales armados íntegramente fuera del país.
El sector industrial sostiene que el desarrollo de las inversiones vinculadas con la minería y otros sectores alcanzados por el RIGI debería generar también empleo y actividad para proveedores argentinos. En ese sentido, plantea que las condiciones impositivas y de costos que enfrentan las empresas locales dificultan la competencia frente a productos importados.
Uno de los argumentos utilizados por empresarios del sector es que los productos provenientes de China cuentan con subsidios en su país de origen y, al ingresar a la Argentina bajo determinadas condiciones, enfrentan una carga impositiva que puede resultar menor que la que soporta una empresa nacional durante todo el proceso productivo.
Con ese diagnóstico, distintos representantes de la industria trabajan en un paquete de medidas que será presentado ante el Palacio de Hacienda durante las próximas semanas. La intención es adaptar el reclamo al esquema de incentivos que impulsa el Gobierno y plantear que los proveedores locales puedan acceder a condiciones similares a las de las grandes inversiones que abastecen.
El planteo también se apoya en un documento sobre la situación de la industria argentina que circuló entre distintas entidades del sector. El análisis identifica tres grandes realidades: un núcleo moderno y orientado a la exportación; un sector intermedio enfocado principalmente en el mercado interno, con capacidades productivas pero rezagos tecnológicos; y un sector informal de baja productividad que contribuye a profundizar la fragmentación social.
El documento sostiene que sectores como la agricultura, la minería, Vaca Muerta y el software pueden funcionar como motores de desarrollo, aunque advierte que ese efecto no se produciría automáticamente. Para aprovechar esas actividades como impulsores del resto de la economía, plantea la necesidad de reducir costos tributarios, logísticos, energéticos y financieros, además de avanzar en productividad mediante digitalización, inteligencia artificial, sustentabilidad y capacitación.
El análisis también advierte sobre el impacto de la competencia proveniente de Asia, en un escenario caracterizado por subsidios, exceso de capacidad productiva y políticas comerciales proteccionistas. Frente a ese contexto, propone una política productiva que permita a la Argentina aprovechar sus sectores más competitivos y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades industriales existentes.
La industria busca así que el crecimiento de las inversiones alcanzadas por el RIGI tenga un impacto mayor sobre la producción local. El planteo apunta a extender parte de los beneficios impositivos destinados actualmente a sectores de alta intensidad de capital hacia las empresas proveedoras, especialmente aquellas en las que el costo laboral y productivo tiene mayor peso y enfrentan dificultades para competir con bienes importados.
Según el documento analizado por el sector, la industria manufacturera representa el 19% del empleo, más del 22% de la masa salarial promedio entre 2023 y 2025, el 27% de la recaudación impositiva y el 54% del gasto privado en investigación y desarrollo.
El objetivo de la propuesta es que las grandes inversiones no queden limitadas al ingreso de capital y a la actividad de los sectores beneficiados por el RIGI, sino que también generen oportunidades para la industria nacional y sus proveedores.
