Manzanares fue durante años una persona de confianza de Néstor y Cristina Kirchner. Desde la llegada del matrimonio a la Casa Rosada, en mayo de 2003, estuvo a cargo de sus declaraciones juradas y tuvo conocimiento de distintas operaciones inmobiliarias de la familia, incluidas transacciones relacionadas con Lázaro Báez.
Su situación cambió a partir de su detención, el 17 de julio de 2017. Luego de recuperar la libertad, abandonó su actividad profesional, cerró su estudio contable y dejó de trabajar para sus antiguos clientes. Desde entonces, permanece radicado en Río Gallegos y lleva una vida alejada de aquella actividad.
En el marco de las investigaciones judiciales, Manzanares se convirtió en imputado colaborador y aportó información sobre operaciones vinculadas con los hoteles y con las declaraciones patrimoniales de la familia Kirchner. Parte de esas actuaciones derivó en el secuestro de documentación y en el hallazgo de US$5,5 millones pertenecientes a Florencia Kirchner en una caja de seguridad del Banco Galicia.
El ex contador reconoce su participación en las maniobras investigadas. Según su propia postura, también debe responder por su intervención en las operaciones de lavado de activos vinculadas con Hotesur y Los Sauces. Su expectativa es que una eventual condena le permita cumplir la pena correspondiente y luego intentar reconstruir su vida.
La demora en el inicio del juicio es uno de los principales cuestionamientos que plantea. Manzanares considera que el paso de los años le impidió retomar su actividad profesional y volver a una vida normal. En 2020 obtuvo el retiro de la tobillera electrónica y dejó de contar con custodia policial, aunque continúa viviendo a pocas cuadras de la residencia de Cristina Kirchner.
El próximo paso será su traslado desde Río Gallegos hacia los tribunales de Comodoro Py cuando el Tribunal Oral Federal 5 determine la fecha del debate. Allí deberá compartir la sala con Cristina y Máximo Kirchner. El reencuentro, según la posición que sostiene Manzanares, no representa una preocupación central frente a la necesidad de que el proceso finalmente concluya.
Su colaboración judicial también alcanzó a la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, donde se investigan maniobras de lavado de dinero y aparece involucrado Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor Kirchner. En ese expediente, el fiscal Carlos Stornelli destacó el aporte realizado por Manzanares y su conocimiento de cuentas y movimientos financieros.
Entre los hechos que aportó durante sus declaraciones aparece el funcionamiento del hotel Los Sauces, que describió como una pieza importante dentro del esquema patrimonial de los Kirchner. Según su relato, el establecimiento tenía valores de alquiler elevados pese a registrar una ocupación menor. También señaló que el Grupo Relats alquiló el complejo durante aproximadamente 11 años.
De acuerdo con esa reconstrucción, durante dos años el canon mensual fue de US$120.000 y luego se estableció en US$90.000, con cláusulas de actualización relacionadas con el nivel de ocupación. Manzanares calculó que la relación comercial habría generado entre US$10 millones y US$11 millones de ingresos para los Kirchner. El vínculo terminó en 2016, cuando no hubo acuerdo sobre el nuevo monto del alquiler.
El ex contador también declaró sobre la situación posterior a la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida el 27 de octubre de 2010, y sobre el papel que habría tenido Daniel Muñoz en el manejo de dinero y documentación. Además, relató una conversación con Cristina Kirchner en 2016, después de la difusión de los Panamá Papers, relacionada con el conocimiento que la entonces expresidenta tenía sobre las cuentas de Muñoz.
Otro de los aspectos que describió estuvo relacionado con las pericias contables sobre el patrimonio de los Kirchner. Según su relato, Néstor Kirchner le pidió que interviniera en una pericia y que explicara determinados movimientos económicos ante funcionarios judiciales. Manzanares manifestó entonces sus dudas sobre la consistencia de la documentación y puso como ejemplo operaciones inmobiliarias realizadas en 2008.
En particular, señaló que varias propiedades vendidas ese año no contaban con escrituras completas. Aclaró que esa circunstancia no implicaba necesariamente que las operaciones fueran simuladas, pero cuestionó el nivel de profundidad con el que se habría realizado la pericia.
Manzanares también aportó información sobre el manejo de dinero en efectivo y las estrategias utilizadas para incorporarlo a la economía formal. Según su declaración, parte de esos fondos se destinó a la compra de propiedades, emprendimientos comerciales y una cadena de farmacias, mientras que otra parte habría sido transferida a cuentas en Suiza.
En ese contexto, relató un proyecto desarrollado en 2009 para utilizar negocios en Tierra del Fuego con el objetivo de introducir dinero en circuitos legales. Estimó que mediante esas operaciones se habrían lavado entre $5 millones y $7 millones. Entre las inversiones mencionó un restaurante y actividades vinculadas con el sector farmacéutico.
También describió la compra de farmacias y propiedades por un monto acordado inicialmente en 3,7 millones de euros, aunque finalmente la operación se concretó en dólares. Según su relato, Ernesto Clarens facilitó la operación. Clarens también fue incorporado como imputado colaborador en la causa Cuadernos.
Otro de los episodios mencionados por Manzanares fue la adquisición de terrenos en El Calafate. Allí señaló una operación por US$50.000 en un terreno ubicado frente al nuevo hospital, que habría sido realizada por Muñoz con asistencia de un contacto local. Según su declaración, Muñoz habría firmado la escritura sin efectuar personalmente el pago.
A medida que se acerca el juicio de Hotesur-Los Sauces, Manzanares sostiene que su objetivo es poner fin a un período que modificó por completo su vida profesional y personal. Después de haber administrado durante años las cuentas de la familia Kirchner, hoy espera el momento en que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes en una causa que lleva casi una década pendiente de resolución.
