La iniciativa, conocida como Inocencia Fiscal II, modifica aspectos de la normativa vigente desde el 26 de diciembre de 2025. Las modificaciones surgieron luego de advertencias de profesionales del sector tributario, quienes plantearon que algunas disposiciones podían desalentar a los contribuyentes a declarar sus fondos.
Tras distintas reuniones con especialistas, el ministro de Economía, Luis Caputo, acordó impulsar un nuevo texto ante el Congreso. El proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser analizado por el Senado.
Uno de los principales cambios está relacionado con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Actualmente quedan excluidos los contribuyentes que hayan registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
La nueva propuesta permitiría que esos contribuyentes también ingresen al régimen, aunque bajo condiciones diferentes. Quienes superen esos límites podrán acceder al RSG, pero no contarán con los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.
El proyecto también modifica la definición de discrepancia significativa entre la información declarada por una persona y los datos que posee el fisco nacional. Si la diferencia alcanza o supera el 15%, pero no supera los $5 millones, dejará de ser considerada una discrepancia relevante.
Otro de los cambios apunta a la forma de calcular esa diferencia. La nueva redacción establece que la discrepancia significativa se determinará sobre el impuesto correspondiente y no sobre el monto que finalmente debe pagar el contribuyente.
En los casos en que el fisco determine una discrepancia superior a $5 millones, el contribuyente tendrá 15 días desde la notificación de la determinación de oficio para regularizar la situación. Si realiza el pago dentro de ese período, podrá conservar beneficios como la presunción de exactitud y el tapón fiscal.
La iniciativa también plantea modificaciones destinadas a reducir las obligaciones de quienes incorporen fondos al sistema mediante los mecanismos previstos para el blanqueo de capitales. El esquema busca que quienes depositen dólares puedan hacerlo con mayor previsibilidad respecto de eventuales controles posteriores.
En ese marco, el régimen no exigiría informar el patrimonio al comienzo o al cierre del ejercicio fiscal ni detallar los consumos realizados. Los fondos solamente deberían incorporarse a la última declaración de Bienes Personales cuando sean utilizados mediante los mecanismos autorizados.
Otro punto central es la fecha límite para acceder a los beneficios de la presunción de exactitud y el tapón fiscal. El proyecto establece como fecha de corte el 31 de diciembre de 2027, coincidente con el final del actual mandato presidencial.
De esta manera, quienes pretendan acceder a esas herramientas deberán hacerlo antes de esa fecha. La medida apunta a incentivar la exteriorización de ahorros durante el período restante de la actual gestión.
El proyecto llega al Senado luego de obtener la media sanción en Diputados y todavía debe completar el trámite legislativo para convertirse en ley. Su tratamiento se produce mientras el Ministerio de Economía busca promover la incorporación de capitales actualmente fuera del circuito formal y favorecer una mayor utilización de esos recursos en la economía.
Según las estimaciones incluidas en el debate, existen alrededor de USD 170.000 millones de argentinos fuera del sistema financiero. El Gobierno apunta a que una parte de esos fondos pueda ser formalizada si el Senado finalmente aprueba la iniciativa.
