La creación de la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación quedó formalizada mediante la Resolución 515/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.
Entre los fundamentos de la medida se señala que el código tuvo modificaciones parciales a lo largo de los años, pero nunca atravesó una revisión integral. A esto se suma la necesidad de adecuar sus disposiciones al Código Civil y Comercial vigente desde agosto de 2015, que introdujo cambios sustanciales con impacto directo sobre los procedimientos judiciales.
La falta de actualización también generó diferencias respecto de otras jurisdicciones. Varias provincias modificaron sus propios códigos procesales para adaptarlos a la legislación civil y comercial, mientras que el marco procesal nacional mantiene disposiciones que no fueron revisadas de manera integral.
La comisión deberá trabajar sobre cuatro ejes principales. El primero será la incorporación de la oralidad a los procesos civiles y comerciales. También deberá garantizar la tutela judicial efectiva y las garantías vinculadas con el debido proceso, incorporar herramientas tecnológicas para modernizar la gestión y simplificar los procedimientos, con el objetivo de favorecer mecanismos de resolución de conflictos.
La resolución considera que la realización de audiencias orales, públicas y con presencia del juez constituye una de las principales herramientas para avanzar hacia procesos más ágiles, transparentes y accesibles.
Como antecedentes para la reforma se contemplan el anteproyecto de Código Procesal presentado en 2019, elaborado por una comisión creada en 2017, y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Oralidad en los Procesos Civiles, implementado desde 2016 dentro de la iniciativa Justicia 2020.
También se tomó como referencia la experiencia de Mendoza, cuyo Código Procesal Civil, Comercial y Tributario rige desde 2018. Ese sistema reemplazó el trámite predominantemente escrito por un esquema basado en una audiencia inicial y otra final, ambas con registro audiovisual.
La coordinación de la comisión estará a cargo de Martín Cardone, quien representará al Ministerio de Justicia junto con Pamela Kazmirczuk. El cuerpo estará integrado además por Juan Manuel Converset, Gabriela Scolarici, Maximiliano Caia, Agustín Prada Errecart, Alejandro Verdaguer, Julio Ríos Becker, María Constanza Caeiro, Romina Kelly, Fernando Dinici, Javier Cosentino, Silvina Bracamonte, Osvaldo Gozaíni, Diego Rosas y Jimena Jatip. Todos participarán con carácter ad honorem.
El trabajo se dividirá en dos subcomisiones. La Subcomisión Redactora estará integrada por Cardone, Gozaíni y Converset y tendrá como tarea elaborar el índice, el articulado, los fundamentos y el anteproyecto de ley.
La Subcomisión Revisora estará encabezada por Kazmirczuk junto con los demás integrantes de la comisión y tendrá a su cargo el análisis y revisión del texto elaborado por el equipo redactor.
El cuerpo deberá contar con el texto final aprobado dentro de los 60 días corridos posteriores a su primera reunión formal. Ese plazo podrá extenderse si la propia comisión solicita una prórroga.
Durante el proceso, sus integrantes podrán convocar en carácter consultivo a magistrados, especialistas, instituciones académicas, colegios profesionales y organismos públicos para incorporar aportes al proyecto.
La comisión contará además con asistencia técnica de la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa de la Secretaría de Justicia. Una vez concluido el trabajo, el anteproyecto deberá ser presentado ante esa dependencia para continuar con su posterior elevación al ministro de Justicia.
