El proceso anticipa un nuevo cruce entre ambos organismos, cuyas diferencias se extienden desde hace más de un año. Las discusiones incluyen las dificultades para acceder a la documentación sobre los traslados, la posición del Banco Central respecto de la existencia de contratos vinculados con los envíos y las declaraciones de Bausili ante el Congreso, que posteriormente fueron cuestionadas por la Auditoría.
El conflicto tomó estado público a mediados de 2025, cuando la AGN denunció que el Banco Central no respondía sus pedidos de información sobre la ubicación de los lingotes, los rendimientos obtenidos y los costos de traslado. El organismo también sostuvo que se había obstaculizado el acceso a la documentación necesaria para realizar la auditoría.
El 23 de septiembre de 2025, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, expuso ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta y afirmó que el intercambio de notas con el Banco Central se había agotado sin obtener la información requerida. En esa oportunidad, sostuvo que la negativa de la entidad impedía determinar dónde se encontraba específicamente el oro.
La disputa también llegó a la Justicia. El 22 de diciembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central responder los pedidos de acceso a la información pública relacionados con el traslado de los lingotes al exterior. Según las fuentes citadas en el conflicto, esa resolución no fue cumplida.
Uno de los principales obstáculos señalados por la Auditoría estuvo relacionado con las condiciones de acceso a los documentos. Desde la AGN indicaron que la única alternativa ofrecida por el Banco Central consistía en consultar la información desde sus computadoras, sin posibilidad de tomar fotografías, realizar copias o registrar notas. Para los auditores, esas restricciones hacían prácticamente imposible completar el trabajo técnico.
Aunque la AGN aceptó algunas de las condiciones planteadas por la autoridad monetaria, apareció una nueva diferencia: el Banco Central sostuvo que no existían contratos relacionados con los envíos de oro que pudieran ser examinados. En una respuesta formal, la entidad afirmó que los contratos de colocación de lingotes con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) u otros depositarios del exterior no existían, ni tampoco habían estado vigentes al 31 de diciembre de 2024.
El organismo agregó que tampoco había sido necesario elaborar informes de su servicio jurídico sobre esos acuerdos, precisamente porque, según su postura, no había contratos que analizar.
Las declaraciones de Bausili ante el Congreso volvieron a intensificar el conflicto. El titular del Banco Central aseguró que los envíos de oro habían sido revisados por auditorías internas, externas y por la propia AGN durante 2023, 2024 y 2025, y afirmó que esos controles no habían formulado observaciones.
La Auditoría respondió que esa afirmación no se correspondía con el estado del procedimiento. Informó que, después de las demoras, finalmente había recibido la documentación solicitada y que se encontraba trabajando en la primera etapa del informe.
En octubre, el Banco Central recibió el documento de auditoría y dispuso de 15 días para responder, con la posibilidad de solicitar una prórroga adicional de una semana. La entidad utilizó ese plazo y presentó su contestación al cuarto día de la extensión concedida. Con esa respuesta, la AGN quedó en condiciones de avanzar hacia la redacción final.
En paralelo, otro informe de la Auditoría profundizó el enfrentamiento entre Olmos y Bausili. El titular de la AGN señaló que el Banco Central había realizado operaciones de derivados liquidables en dólares y utilizado parte del oro de las reservas como respaldo. Según el organismo, esas operaciones arrojaron una pérdida de $1,5 billones, equivalente a US$1.023 millones, que fue abonada con divisas.
La AGN explicó que las operaciones se realizaron con fines de cobertura durante la gestión de Bausili y que, al cierre del ejercicio auditado, ya no existían posiciones abiertas por ese concepto.
El presidente del Banco Central rechazó esa interpretación y sostuvo que la posición en oro había registrado durante 2025 un resultado neto positivo de US$2.505 millones. También defendió las operaciones de cobertura y cuestionó lo que consideró un desvío de las funciones de la Auditoría por motivos políticos, al advertir que ese tipo de intervenciones podía afectar la institucionalidad de la entidad.
Las diferencias entre los dos organismos mantienen abiertas varias preguntas sobre el manejo de las reservas y las condiciones en las que se realizaron los traslados. Entre ellas, sigue sin conocerse públicamente la ubicación precisa de los lingotes, que podrían encontrarse en la sede londinense del BIS, una entidad con sede en Suiza.
La respuesta del Banco Central será ahora evaluada por la comisión de la AGN encargada de cerrar el informe. Si se confirma el cronograma previsto, el documento podría conocerse entre fines de noviembre y comienzos de diciembre y abrir una nueva instancia institucional en una disputa que lleva más de un año.
