En su argumentación, Incardona destaca que la implicación de Vallejo en el vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue secundaria. Según el dictamen al que se tuvo acceso, el empresario proporcionó la infraestructura corporativa, así como las empresas pantalla, Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., además del flujo de capital no registrado que facilitó la ejecución del fraude realizado por los directivos del club. Por este aporte externo al delito, que se da fuera de la relación de deber que une a los dirigentes con el patrimonio institucional, la fiscal concluyó que Vallejo debe ser considerado partícipe necesario de la defraudación, amparándose en los artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal.
La administración fraudulenta implica demostrar que Vallejo no solo lavó los fondos derivados de este esquema, sino que también fue un componente esencial para la operatividad del entramado delictivo.
Con la ampliación de la imputación aceptada por Armella, durante la indagatoria, el empresario podrá enfrentarse a tres cargos penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta como partícipe necesario.
En la resolución dictada el 4 de mayo, el juez autorizó la indagatoria de los ex directivos del club y dejó constancia de los fundamentos de la fiscal federal.
La causa FLP 29107/2025, titulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”, se originó de una denuncia por estafa y lavado presentada por la empresa Auriga League S.A. Esta compañía había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros, el cual, según se argumenta en la denuncia, nunca fue devuelto. A raíz de este hecho, la investigación de Incardona fue revelando un esquema más amplio que, según la acusación, operó de manera continua entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
El epicentro de la investigación es el holding Sur Finanzas, que supuestamente estableció una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con problemas de liquidez, otorgándoles préstamos bajo condiciones que la fiscalía considera usurarias y, posteriormente, reciclando las ganancias a través de una red de sociedades.
Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de préstamo con intereses excesivos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma, y contratos de patrocinio simulados, sin contraprestación efectiva.
