La acusación fue presentada por el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí y ratificada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien también dispuso medidas de coerción por un período de seis meses. Anzulovich se presentó ante la justicia con su abogado, Cristóbal Ibáñez, mostrando una actitud tranquila, aunque el ambiente cambió rápidamente al inicio de los argumentos procesales.
El ex ministro optó por no declarar después de que la querella solicitara su prisión preventiva. Antes de que se diera paso a la formulación de cargos, la defensa había presentado una nueva solicitud de nulidad, impugnando la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi.
Según reporta El Chorrillero, el fiscal y el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, consideraron que las objeciones eran parte de una estrategia dilatoria. Posteriormente, el juez Flores Leyes desestimó la solicitud de nulidad y prosiguió con la audiencia.
Durante su exposición, el fiscal detalló que los hechos bajo investigación abarcan el período de 2019 a 2023, tiempo en el que Anzulovich trabajó como coordinador de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) y luego como ministro de Desarrollo Social. Destacó que las indagaciones revelaron un incremento patrimonial injustificable, haciendo hincapié en la adquisición de vehículos de lujo y en movimientos financieros carentes de trazabilidad. También se registró la falta de documentación que aclare el origen de ciertos fondos.
Entre los bienes investigados se encuentran automóviles de marcas como RAM, BMW y Ford Bronco, además de una propiedad en el exclusivo barrio Refugio del Lago, en La Florida. Un informe contable ha estimado un mínimo de $9.438.429 relacionados con supuestas maniobras de enriquecimiento ilícito, aunque se sugiere que la cifra podría ser aún mayor a raíz de las operaciones detectadas.
El estudio concluyó que el aumento patrimonial no coincide con los ingresos lícitos que Anzulovich declaró, revelando que sus egresos superaron notablemente su capacidad económica. También se constató la ausencia de actividad económica privada que justifique dichos movimientos.
Por esta razón, la Fiscalía ha solicitado no solo la apertura de la Investigación Penal Preparatoria, sino también medidas de coerción durante seis meses, que incluyen la obligación de firmar mensualmente un libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia, la inhibición general de bienes y la suspensión preventiva de sus funciones como empleado judicial. En cuanto a esta última medida, Assat Alí argumentó que Anzulovich podría obstaculizar acciones sobre su patrimonio debido a su acceso al sistema judicial y a sus redes de contactos.
Tras la intervención del fiscal, la defensa del ex ministro de Desarrollo Social rechazó las acusaciones, calificando la cifra determinada por el informe como “irrisoria”. Al mismo tiempo, Ibáñez negó la existencia de delito alguno y cuestionó la validez del informe patrimonial, señalando que varios profesionales se habían negado a intervenir por temor a represalias.
Su otro abogado, Nedo Gómez, describió las medidas de coerción como “abusivas y estigmatizantes”, advirtiendo sobre el efecto negativo que el proceso judicial tendría en la imagen pública del ex funcionario.
El juez Flores Leyes calificó la causa como compleja, por lo que decidió extender el plazo de investigación a seis meses. Sin embargo, mantuvo la obligación de firma mensual, la prohibición de abandonar la provincia y la inhibición de bienes del ex ministro, alegando el riesgo de un potencial daño al patrimonio del Estado, dada la gravedad del delito en cuestión.
Finalmente, el juez desestimó la solicitud de prisión preventiva y la suspensión de sus funciones judiciales, argumentando que no se comprobaban los riesgos procesales requeridos, y enfatizó que la suspensión afectaría el derecho de Anzulovich a generar ingresos.
