Curiosamente, el proyecto original fue impulsado por dos senadores mendocinos de la oposición: la camporista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos. La aprobación en el Senado se dio en octubre de 2020 con 64 votos a favor y solo 3 en contra, provenientes de dos senadoras tucumanas que defendían la industria azucarera y de la riojana Clara Vega. Un año más tarde, la ley fue ratificada por la Cámara de Diputados.
La legislación obligó a las empresas de alimentos a marcar en sus envases si un producto supera los límites en azúcares, grasas, sodio o calorías. Asimismo, prohíbe la inclusión de celebridades, personajes animados o dibujos en los empaques de productos que contengan al menos un sello.
Tras los cambios legislativos ocurridos en las recientes elecciones, apenas permanecen algunos senadores de la época en que se aprobó la ley, y hay una reluctancia a manifestar posturas definitivas. Fuentes de las bancadas indican que todavía están analizando otros proyectos considerados “prioritarios” enviados por el Gobierno.
La Libertad Avanza, que no existía cuando se votó la ley, cuenta ahora con 21 senadores. Para lograr la prohibición, necesita el respaldo de 16 al menos.
La Unión Cívica Radical, el bloque aliado más numeroso con 10 miembros, ha afirmado que este no es un tema de alta prioridad y que aún no lo han discutido entre los legisladores, aunque sus asesores están revisando el asunto.
El PRO, que muestra una mayor coincidencia ideológica, ya había revelado divisiones durante la votación de la ley en la Cámara de Diputados. Recientemente, una diputada presentó un proyecto para derogarla junto con los libertarios, pero en el Senado solo cuentan con tres representantes y afirman que aún no han tomado una decisión definitiva acerca de este tema.
Como suele ocurrir en el actual Congreso, la clave dependerá de los legisladores de los bloques federales, cuyas decisiones son influenciadas por su relación con el Gobierno.
Las expectativas son que el Ejecutivo no ha comunicado claramente sus prioridades, ya que se ha visto sobrecargado de proyectos ambiciosos.
En el Senado, hay una considerable acumulación de iniciativas importantes que Patricia Bullrich, que ha mostrado eficacia en su gestión, debe considerar. Estas incluyen la reforma electoral, que abarca desde la eliminación de las PASO hasta la Ley de Ficha Limpia, además de cambios sustanciales en la ley de partidos políticos y su financiación.
Adicionalmente, se discuten más de 70 pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la Ley de Salud Mental, y la Ley Hojarasca, que altera el Régimen de Zonas Frías, criticada por recortar subsidios al gas, un tema ardiente para las provincias. Este martes también se presentó la Ley de Ludopatía.
Un aliado expresó: “No dan respiro. Estamos viendo cómo tratar lo anterior y ya envían nuevos proyectos”.
El proyecto de derogación del Etiquetado Frontal, anunciado por el jefe de gabinete Manuel Adorni el viernes, ingresó al Senado este martes y aún no ha sido asignado a comisiones, aunque Salud es una de las más relevantes.
Desde dicha comisión indicaron que no tienen una fecha estimada para comenzar el debate, afirmando que “la Ley de Salud Mental tiene prioridad”. Esta norma ha sido objeto de discusión durante meses y se espera que se dictamine la próxima semana.
El proyecto que se presenta en el Congreso, suscrito por Milei, Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, consiste en un único punto: la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida como “Ley de Etiquetado”.
Los fundamentos del Ejecutivo argumentan que la norma presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su completa revisión. No se proponen cambios, sino su eliminación total.
El informe señala que “el esquema vigente puede inducir a interpretaciones simplificadas sobre el perfil nutricional integral de determinados alimentos, creando confusión en los consumidores y distanciándose de los objetivos de la ley en términos de proporcionar información clara y útil para decisiones alimenticias saludables”.
Además, argumentan que “el ordenamiento jurídico alimentario nacional ya cuenta con un sistema estándar de información nutricional armonizado” con MERCOSUR, que junto a las normativas de protección al consumidor y rotulado alimentario, permite el acceso a información nutricional objetiva y verificable.
Desde la oposición, argumentan que el proyecto refleja una postura “ideológica y de mercado” y responde a la presión del lobby empresarial que siempre se opuso a la norma. También señalan que el Ejecutivo no ha presentado datos precisos sobre las repercusiones que tuvo la ley desde su implementación en términos de impacto para las empresas y los consumidores.
