Este análisis, elaborado por el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo, abarcó las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Entre sus conclusiones más relevantes, se destaca que en Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa no hay ninguna Defensoría del Pueblo funcionando. En cuanto a Tierra del Fuego, se señala que la situación institucional es “incierta”.
A nivel nacional, el Congreso de la Nación no ha designado al Defensor del Pueblo durante los últimos 17 años, un puesto que es contemplado por la Constitución Nacional y que es fundamental para el control de la administración pública y la protección de los derechos de los ciudadanos.
El estudio revela que, actualmente, hay 13 provincias que no tienen financiamiento asignado para la función de defensoría. De estas, siete cuentan con organismos, pero sin asignaciones presupuestarias claras, mientras que otras seis no tienen la figura del Defensor del Pueblo. Esta situación deja a más de 12 millones de argentinos sin acceso garantizado a este mecanismo de control ciudadano.
Además, el informe subraya la fuerte concentración de recursos en pocas jurisdicciones; cerca del 91% de los fondos subnacionales destinados a las Defensorías del Pueblo se concentran en CABA, Santa Fe y Buenos Aires.
En un contexto similar, se señala que la Defensoría del Pueblo de la Nación es una de las que recibe menos financiamiento dentro del país. Para el año 2026, la asignación presupuestaria nacional será de aproximadamente $330 por habitante, una cifra que, según el informe, es significativamente superada por varias provincias.
“La Defensoría del Pueblo de la Nación invierte el monto más bajo de todo el país. Incluso provincias como Chaco y Córdoba, con presupuestos limitados, destinan un 50% más por ciudadano que la Nación”, afirmó Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público.
En este sentido, Pitiot añadió: “Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto: sin recursos no hay defensa posible de los derechos”.
Otro aspecto que destacó el estudio es la falta de mecanismos que aseguren la paridad de género. El informe indica que ninguna de las normas que regulan la creación de las defensorías en el país incluye explícitamente un cupo de género en la designación de sus autoridades.
