Esta nueva propuesta fue dirigida desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, responsable de la revisión jurídica de los proyectos antes de su posible envío al Congreso. En Balcarce 50 aseguran que la discusión sigue abierta, aunque enfatizan que las partes han logrado acercar posiciones tras varios meses de desacuerdos internos.
El debate en torno a la reforma penal se ha visto influenciado por la lucha por el control en el ámbito de la Justicia. La situación se tensó tras la salida de Sebastián Amerio y la disminución de la influencia de Caputo en el ministerio, ahora liderado por Mahiques, un funcionario alineado con Karina Milei.
Por su parte, Legal y Técnica continúa bajo la supervisión de Ibarzabal, una funcionaria de confianza del asesor presidencial.
El punto de discusión principal se centra en la extensión del texto. El borrador original, que se elaboró durante la gestión anterior, superaba las 900 páginas e incluía modificaciones significativas al Código Penal y a leyes penales especiales. Mahiques promueve ahora una versión más compacta, argumentando que un proyecto demasiado extenso podría encontrar dificultades en el Congreso debido a su complejidad técnica y a la gran cantidad de temas delicados que abarca.
En el entorno de Caputo sostienen que el último borrador recibido reduce considerablemente la reforma propuesta inicialmente. Sin embargo, allegados a Mahiques rechazan esta interpretación y afirman que el texto enviado desde Justicia cubre más del 35% del Código Penal, negando que se trate de una versión mínima. Ambas partes, no obstante, admiten que están en busca de un acuerdo.
Una de las alternativas que circula en la Casa Rosada es llegar a un punto intermedio: una reforma que se asemeje a la mitad del texto original o cerca de dos tercios de la propuesta que se venía trabajando. Esta estrategia busca evitar tanto un paquete que pueda interpretarse como un retroceso, como una reforma tan extensa que exija al Gobierno abrir debates difíciles en el Congreso.
Entre los capítulos que se pretende preservar están los relacionados con el endurecimiento de penas para delitos como abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas, entre otros. El Gobierno ya había decidido no incluir modificaciones sobre el aborto ni abrir un debate profundo sobre la figura del femicidio, a pesar de que en distintos momentos algunos sectores del oficialismo habían expresado interés en revisar ese agravante.
Paralelamente, el Ejecutivo decidió pausar el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba preparado para ser enviado desde Legal y Técnica. “Se optó por frenar su avance hasta que exista un nuevo código procesal”, explican fuentes oficiales. Esta decisión responde a un análisis técnico y político: el Gobierno considera que no es conveniente implementar el sistema de jurados sin antes clarificar el marco procesal que determinaría su aplicación práctica.
Esta resolución modifica la agenda judicial que el oficialismo había planeado para el Congreso. El proyecto de juicio por jurados había sido considerado como una de las reformas posibles para el segundo semestre, pero ahora queda postergado mientras se reordena la discusión en torno a la reforma penal y procesal.
La próxima reunión de la mesa política se perfila como crucial para definir el orden de los envíos al Congreso. Este encuentro está previsto para la semana próxima y será encabezado por Karina Milei, con la participación de Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.
En la Casa Rosada buscan aprovechar este espacio para establecer prioridades legislativas tras la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. Asuntos como la reforma electoral, la Zona Fría, la Inocencia Fiscal, la propiedad privada y el paquete judicial deben ser administrados por el nuevo esquema político.
“Este año terminaremos enviando el Código Penal, pero lo complicado será conseguir los votos”, afirman en el Ejecutivo. Su intención es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, donde Martín Menem liderará las negociaciones.
