El artículo fue publicado en varios medios internacionales mientras su equipo de abogados ofrecía una conferencia de prensa en la que formalizó la presentación de una comunicación individual ante el organismo con sede en Ginebra.
El Comité de Derechos Humanos deberá en primera instancia evaluar la admisibilidad de la denuncia. Si determina que cumple con los requisitos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el asunto.
En su nota, Kirchner argumenta que cuando el Poder Judicial deja de cumplir su función de garante de derechos y se adentra en el ámbito político, se erosiona la calidad democrática. “No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, afirmó.
La ex mandataria considera que la inhabilitación perpetua resultante de la denominada “Causa Vialidad” es una forma de “proscripción” y destaca que la condena afecta a “la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina”.
En el texto, también hace alusión al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, el cual describe como “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.
Kirchner sostiene que el proceso estuvo marcado por arbitrariedades que vulneran las garantías judiciales y critica, además, el contexto de hostilidad que, a su juicio, refleja la persistencia de prácticas de machismo estructural en sectores del sistema judicial.
Asegura que el caso trasciende su situación individual y que la condena repercute en el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.
Para fortalecer su estrategia internacional, su defensa ha incorporado al jurista brasileño Rafael Valim, quien formó parte del equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como al ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos estuvieron presentes en la presentación junto al abogado Alberto Beraldi.
Cristina Kirchner subrayó que no busca un tratamiento excepcional, sino un proceso “imparcial, independiente” y en consonancia con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
La ex presidenta se encuentra bajo arresto domiciliario tras ratificarse su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la “Causa Vialidad”, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025.
Además, en julio de 2026, el máximo tribunal del país también ratificó el decomiso de bienes por un valor de 684.990 millones de pesos dispuesto en el expediente.
Concluyó afirmando que continuará defendiendo su inocencia a través de todos los mecanismos que otorga el Estado de Derecho, considerando que la defensa de las garantías judiciales es una cuestión de interés colectivo.
