La convocatoria a una movilización para el jueves, el rechazo que reflejan distintas encuestas respecto de la venta de tierras a capitales extranjeros y la repercusión del tema en las redes sociales comenzaron a generar dudas entre legisladores que hasta ahora acompañaban al oficialismo. Algunos senadores admiten que sostener una posición favorable resulta cada vez más complejo frente al clima social que rodea el debate.
En paralelo, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, inició una ronda de contactos con gobernadores y senadores de su partido para intentar reunir votos en contra del proyecto, con especial foco en las modificaciones a la Ley de Tierras, que eliminan restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y habilitan la venta de terrenos afectados por incendios.
Mientras tanto, un grupo de mandatarios provinciales, entre ellos Raúl Jalil, Hugo Passalacqua y Osvaldo Jaldo, mantiene silencio público sobre el tema, aunque su posición es observada de cerca por el impacto que podría tener en la votación. En ese escenario, el papel de la UCR adquiere mayor relevancia, no solo para este proyecto sino también para la futura discusión de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentada por Javier Milei.
La iniciativa destinada a modificar el funcionamiento del Banco Central también genera reparos entre varios gobernadores, incluidos algunos aliados del Gobierno, que analizan las posibles consecuencias para las finanzas de sus provincias antes de definir su respaldo.
Con la sesión del Senado prevista para el jueves, tanto el oficialismo como la oposición intensifican las negociaciones para asegurar los votos necesarios en una discusión considerada estratégica para el Gobierno en materia económica.
Los gobernadores enfrentan distintos factores antes de tomar una decisión. Entre ellos aparecen el impacto político que podría tener el proyecto en sus provincias, las negociaciones por obras e infraestructura incluidas en el Presupuesto 2027 y las definiciones electorales pendientes dentro del oficialismo nacional.
La UCR reúne cinco gobernadores y diez senadores. Mientras algunos mandatarios radicales mantienen una relación cercana con la Casa Rosada, otros comenzaron a priorizar acuerdos vinculados a intereses provinciales dentro del espacio Provincias Unidas, integrado por gobernadores de distintos sectores políticos.
En ese contexto, Chiarella intenta convencer a legisladores radicales de rechazar el proyecto, al sostener que las modificaciones propuestas comprometen la soberanía nacional, el control de las fronteras y los recursos estratégicos. Sin embargo, dentro del radicalismo persisten diferencias y algunos sectores mantienen su respaldo a la iniciativa.
Con dos bancas que no estarán presentes en la sesión, el oficialismo necesita reunir 36 votos entre los senadores presentes para aprobar el proyecto. Desde la oposición también realizan sus propias proyecciones y mantienen conversaciones con legisladores considerados decisivos para inclinar el resultado.
En caso de producirse un empate, la definición recaería en la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según distintas versiones dentro del Senado, su posición diferiría de la asumida durante el tratamiento de la Ley Bases y podría resultar determinante para el desenlace de la votación.
Entre los legisladores considerados clave aparecen los representantes de Misiones. Mientras algunos sectores sostienen que podrían rechazar la iniciativa, otros mantienen reservas sobre cuál será finalmente su postura al momento de la votación.
También permanecen bajo observación los votos de senadores de Córdoba, Catamarca, Tucumán y Jujuy, además de integrantes de otros espacios provinciales que aún no definieron públicamente su posición respecto del proyecto.
En la Casa Rosada, en tanto, continúan las gestiones para sumar respaldos entre representantes de distintas provincias, mientras el PRO mantiene una postura unificada a favor de la iniciativa y algunos gobernadores aliados también expresan su acompañamiento al proyecto impulsado por el Gobierno.
