Según los datos consignados, actualmente hay 519 personas encarceladas por hechos vinculados con la década de 1970. De ese total, 440 cumplen arresto domiciliario y aproximadamente 80 permanecen en establecimientos penitenciarios. Más de un centenar todavía no cuenta con una condena.
La Acordada 21/2026, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encargó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de criterios científicos para organizar y uniformar la evaluación de los aspectos médicos y penitenciarios previstos por la legislación. Estas pautas deberán servir como referencia para analizar la pertinencia de una detención domiciliaria.
El protocolo deberá contemplar los exámenes e informes médicos necesarios para determinar el estado de salud de cada detenido, además de verificar las condiciones de alojamiento y la posibilidad de realizar dentro del establecimiento penitenciario el tratamiento indicado para la enfermedad que presente. Para evaluar las condiciones de detención también deberá sistematizarse la información proporcionada por las autoridades penitenciarias.
En los fundamentos de la decisión, los integrantes del máximo tribunal recordaron las garantías establecidas por la Constitución Nacional respecto de las condiciones de las cárceles y señalaron la obligación de asegurar un trato digno y humano a las personas privadas de su libertad.
La decisión no modifica por sí misma las normas sobre detención domiciliaria ni implica el traslado automático de los detenidos a sus domicilios. El objetivo es establecer criterios médicos uniformes que permitan aportar elementos para evaluar cada situación en función del estado de salud, las condiciones de alojamiento y la posibilidad concreta de recibir el tratamiento necesario.
En este contexto, el Foro Argentino de Defensa consideró que la decisión puede tener implicancias para detenidos mayores o con enfermedades que requieren atención médica compleja. Desde esa entidad señalaron que la obligación del Estado de garantizar una atención adecuada debe mantenerse independientemente de la causa por la que una persona se encuentre privada de su libertad.
Los datos incluidos en el material también muestran la extensión de algunos de los procesos vinculados con hechos de los años 70. Un total de 105 personas llevan entre tres y seis años con prisión preventiva, mientras que 128 afrontan procesos de entre seis y diez años. Otros 176 casos se extienden entre 11 y 15 años y 33 superan los 16 años.
En cuanto a los fallecimientos, las cifras indican que hasta el momento murieron 993 militares, integrantes de fuerzas de seguridad y civiles involucrados en procesos por hechos de los años 70 y el período del conflicto del Atlántico Sur. Según esos datos, el 82,8% falleció sin una sentencia firme.
La medida de la Corte establece así un criterio común para evaluar el estado de salud de las personas privadas de su libertad y las condiciones en las que reciben atención médica. Su aplicación deberá aportar elementos para que los magistrados analicen los pedidos de detención domiciliaria relacionados con la edad o con enfermedades que requieran tratamientos específicos.
