La decisión fue adoptada luego de que representantes de trabajadores y empleadores no lograran alcanzar un acuerdo durante la reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil realizada el 28 de agosto.
Según consta en la resolución, durante el encuentro fueron presentadas las propuestas de ambas partes y, después de un intercambio de opiniones, no se logró arribar a un consenso. Ante esa situación, el Poder Ejecutivo resolvió establecer los nuevos valores de manera unilateral.
La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y otros organismos y entidades estatales que actúan como empleadores.
Hasta agosto, el salario mínimo se ubicaba en $376.600. Con la actualización correspondiente a septiembre, pasará a $383.800. El cronograma establece nuevos incrementos durante los meses siguientes y prevé que en abril de 2027 alcance los $437.000.
De esta manera, el salario mínimo acumulará una suba nominal de $60.400 entre agosto de 2026 y abril de 2027.
La evolución del salario mínimo durante la actual gestión también está marcada por una pérdida frente a la inflación. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el valor real del SMVM registró una caída estimada del 40,5%, de acuerdo con datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET.
La resolución también estableció nuevos parámetros para la prestación por desempleo. El beneficio será equivalente al 75% del importe neto correspondiente a la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato que generó la situación de desempleo.
La normativa fija además límites para el beneficio. La prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente ni superar el 100% de ese mismo valor.
El nuevo esquema salarial y los cambios en la prestación por desempleo fueron definidos por el Ejecutivo luego del fracaso de las negociaciones entre las representaciones de trabajadores y empleadores.
