El estudio pone cifras a una preocupación que el sector industrial viene planteando en los últimos meses. Entre los principales problemas señalados aparecen el ingreso de productos a precios considerados artificialmente bajos, la falta de certificaciones obligatorias, dificultades para garantizar la trazabilidad y distintas formas de comercialización informal. La intensidad del impacto varía según la actividad y la región en la que se encuentran las empresas.
Del total relevado, el 34,5% calificó como “alto” el impacto del contrabando sobre su actividad, mientras que otro 25,6% lo consideró “muy alto”. En el otro extremo, el 18,1% lo ubicó como bajo, el 12,8% como moderado y el 9% como muy bajo.
El principal efecto señalado por las empresas que perciben un impacto alto o muy alto es la caída de las ventas. Esa respuesta concentró el 48,4% de los casos. Le siguieron la necesidad de reducir precios, con el 15,2%; la disminución de la rentabilidad, con el 13,3%; la pérdida de participación de mercado, con el 10,9%; y la reducción del nivel de producción, con el 8,2%. Un 3,1% indicó que debió postergar o cancelar inversiones.
Los precios aparecen como uno de los principales factores de preocupación. Casi la mitad de las empresas consultadas señaló que los productos provenientes del exterior se comercializan a valores artificialmente bajos. Según el diagnóstico del estudio, esta situación genera presión sobre los precios internos y puede llevarlos a niveles que no alcanzan para cubrir los costos mínimos de producción.
El relevamiento también identificó otros problemas. El 15,3% de las empresas mencionó la falta de certificaciones obligatorias, mientras que el 13,8% señaló dificultades vinculadas con la trazabilidad. Otro 13,2% apuntó a la comercialización sin facturación y a otras modalidades informales.
El impacto presenta diferencias importantes entre las distintas ramas industriales. En metales comunes, el 88,2% de las empresas consultadas consideró que el efecto del contrabando es alto o muy alto. Dentro de ese grupo, el 41,2% lo calificó como muy alto y el 47,1% como alto.
La industria textil aparece en un nivel similar, con un 84,6% de respuestas concentradas entre las categorías alto y muy alto. En este caso, el 61,5% consideró que el impacto es muy alto y el 23,1% lo ubicó en un nivel alto.
En confecciones, cuero y calzado, la proporción conjunta alcanza el 76,2%, con un 42,9% de las empresas que señaló un impacto muy alto y un 33,3% que lo consideró alto.
También se registraron niveles elevados en papel, cartón y madera, donde el 30% calificó el impacto como muy alto y el 40% como alto. En autopartes, las respuestas fueron del 25,8% y 41,9%, respectivamente, mientras que en caucho y plástico llegaron al 18,6% para el nivel muy alto y al 48,8% para el nivel alto.
La problemática también muestra diferencias geográficas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 65,9% de las empresas relevadas ubicó el impacto del contrabando entre alto y muy alto. En el Norte argentino, esa proporción alcanzó el 56,5%.
El estudio fue difundido luego de que la dirigencia industrial colocara el contrabando y la competencia desleal entre los principales temas de su agenda. En ese marco, el sector también viene señalando las dificultades vinculadas con la actividad, el acceso al crédito, la morosidad y el consumo.
Durante una exposición realizada en el marco del Día de la Industria, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, incluyó la competencia desleal entre los principales desafíos para el sector. La agenda planteada abarcó además la actividad y el crédito, los costos, la energía, la morosidad, la infraestructura y la modernización laboral.
Según la exposición, en algunos sectores los productos que ingresan por canales irregulares podrían representar entre el 30% y el 50% del mercado. También se hizo referencia al uso de contenedores con mercadería subfacturada como una de las modalidades que generan presión sobre los productores locales.
El nuevo relevamiento buscó además determinar cuáles son los principales canales a través de los cuales las empresas detectan la comercialización de esos productos. Los mayoristas y distribuidores concentran el 26,4% de las respuestas. Les siguen los comercios minoristas, con el 16,2%, y las plataformas internacionales de venta directa al consumidor, con el 15,1%.
Las redes sociales reúnen el 14,9% de las respuestas, mientras que los marketplaces representan el 11,9%. Por último, las ferias y los canales de venta informal concentran el 8,6%.
En cuanto a los controles aduaneros, el principal cuestionamiento está relacionado con su efectividad. El 19,4% de las empresas manifestó que tienen un impacto negativo sobre su actividad porque considera que no resultan suficientes para impedir el ingreso de productos irregulares.
En sentido contrario, el 27,6% evaluó positivamente el efecto de los controles. Entre los argumentos planteados aparece la posibilidad de fortalecer los mecanismos existentes para reducir la subfacturación, limitar el ingreso de productos que no cumplen con determinados requisitos y mejorar las condiciones de competencia entre las empresas que operan formalmente.
Finalmente, las empresas consultadas señalaron cuáles consideran que deberían ser las principales medidas para enfrentar el problema. El 33,2% priorizó el fortalecimiento de los controles aduaneros, mientras que el 31,5% apuntó a una mejora de la fiscalización de la facturación.
El comercio electrónico también aparece entre las áreas que requieren mayor control. El 15,1% reclamó reforzar la fiscalización sobre estas operaciones, el 7,5% propuso mejorar los controles de etiquetado y trazabilidad y el 5,6% planteó agilizar los mecanismos para realizar denuncias.
