El reclamo fue presentado el 29 de julio y sostiene que el proceso por el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos respondió a una persecución política. La estrategia también apunta a cuestionar la inhabilitación que le impide presentarse a elecciones.
La ex presidenta sostiene que la condena constituye una forma de proscripción permanente y que, como consecuencia, se restringe la posibilidad de que el electorado pueda elegir libremente a sus representantes.
La presentación ante Naciones Unidas se produjo un año después de que la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada en la causa Vialidad. De acuerdo con la situación planteada, a Cristina Kirchner todavía le restan cinco años de cumplimiento de la pena.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Entre sus funciones se encuentra el análisis de denuncias individuales para determinar si existieron vulneraciones de derechos civiles y políticos.
Sin embargo, el organismo no constituye una instancia adicional de apelación dentro del sistema judicial argentino. Las decisiones que adopta en casos individuales no tienen la misma fuerza ejecutable que una sentencia de un tribunal penal argentino o de una corte internacional.
En ese sentido, distintos integrantes del ámbito judicial señalaron que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que el máximo tribunal argentino es la autoridad superior en materia constitucional. También mencionaron antecedentes en los que se determinó que las decisiones de organismos internacionales no resultan, en términos generales, vinculantes para el orden jurídico interno.
La causa Vialidad atravesó distintas instancias judiciales antes de llegar a la Corte Suprema. En el expediente intervinieron numerosos jueces, camaristas, fiscales y ministros, mientras que las distintas resoluciones coincidieron en validar la existencia de una maniobra delictiva relacionada con 51 licitaciones viales adjudicadas a empresas vinculadas con Lázaro Báez.
La defensa de Cristina Kirchner, en cambio, mantiene su planteo de que el proceso estuvo atravesado por una utilización política del sistema penal y sostiene ante el Comité de la ONU que existió una violación de las garantías judiciales.
Esa interpretación fue rechazada al momento de dictarse la sentencia por el Tribunal Oral Federal 2, que descartó la existencia de una persecución política y consideró que había pruebas suficientes para respaldar la acusación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Con la presentación internacional, la defensa busca ahora que el caso sea evaluado desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos. Sus abogados sostienen que cuentan con nueva información relevante vinculada con el expediente ante el Comité de Derechos Humanos.
