El primer encuentro está previsto para el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, y contará con la participación de empresas adheridas al RIGI y otras 25 compañías nacionales. La iniciativa será organizada por el Ministerio de Economía y marcará el comienzo de un ciclo de reuniones destinado a acercar a los proyectos de inversión con firmas que puedan abastecerlos de bienes y servicios.
La propuesta apunta especialmente a los sectores de minería, industria e infraestructura. La intención es que los proyectos puedan dar a conocer sus cronogramas de inversión y que los proveedores nacionales identifiquen oportunidades comerciales vinculadas con las obras y operaciones previstas.
De acuerdo con el Gobierno, actualmente el 86% de las inversiones asociadas al RIGI se destina a empresas nacionales y más de 1.200 proveedores ya fueron movilizados. El objetivo es ampliar esa participación y generar nuevos vínculos comerciales en un contexto de contracción de la actividad industrial.
La industria acumula una caída del 2,6% en lo que va del año, mientras distintos sectores productivos reclaman medidas para reducir los costos que enfrentan las empresas argentinas.
En paralelo, existen cuestionamientos sobre las condiciones que deben cumplir los proveedores locales para acceder a los proyectos. Un relevamiento realizado por entidades vinculadas con la actividad minera y comercial señaló que las exigencias de contenido nacional del RIGI pueden entrar en conflicto con determinados esquemas provinciales de compras y dificultar decisiones de inversión.
La industria sostiene que existe interés en abastecer a los grandes proyectos, aunque también advierte que parte de la oferta nacional puede tener dificultades para alcanzar la escala, calidad y competitividad requerida por las operaciones mineras. Bajo el RIGI fueron presentados proyectos mineros por unos USD 40.000 millones.
Entre las alternativas planteadas para facilitar la participación de empresas argentinas aparece una regulación más clara de las certificaciones vinculadas con seguridad, sostenibilidad y cumplimiento normativo. También se analiza la posibilidad de flexibilizar esos procesos para que los proveedores puedan demostrar que cumplen con los estándares exigidos por las compañías mineras.
El lanzamiento de las rondas de negocios se produce además en un contexto de reclamos del sector industrial al Gobierno. Entre las medidas solicitadas figuran una suspensión de los embargos fiscales durante 180 días, mayores facilidades para cambiar de plan de pagos y una reducción de las tasas de financiación aplicadas a las pequeñas y medianas empresas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
La industria también plantea la necesidad de reducir los costos fiscales, energéticos y financieros que afectan a las empresas. En ese marco, el sector registra una caída interanual del 4,9% y una utilización de la capacidad instalada del 58,2%.
Mientras se desarrollan estos reclamos, el Ministerio de Economía busca utilizar las rondas de negocios como un mecanismo para conectar la oferta nacional con los proyectos de gran escala que están ingresando al régimen de promoción.
Los proyectos del RIGI que ya fueron aprobados contemplan aportes de USD 7.737 millones durante 2026 y 2027. De ese total, se prevén desembolsos por USD 4.252 millones durante 2026 y otros USD 3.485 millones en 2027.
Según la información oficial correspondiente a los 22 proyectos que ya recibieron la aprobación del Comité Evaluador del Ministerio de Economía, las iniciativas comprometieron inversiones por USD 47.073 millones hasta 2055 y proyectan la creación de 95.950 puestos de trabajo directos e indirectos.
La mayor parte de los proyectos aprobados corresponde a la minería, con 12 iniciativas. Le siguen petróleo y gas, con seis, mientras que otros dos corresponden a energía eléctrica y uno a siderurgia e infraestructura.
A su vez, el Comité Evaluador analiza otros 20 proyectos que en conjunto contemplan compromisos de inversión por USD 110.883 millones y una proyección de 145.615 puestos de trabajo adicionales.
El RIGI fue creado mediante la Ley Bases en 2024 y tiene vigencia hasta julio de 2027. Entre sus principales beneficios establece una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias frente al 35% del régimen general, devolución inmediata del IVA, eliminación de las retenciones a las exportaciones a partir del segundo año y estabilidad fiscal y jurídica por períodos de entre 30 y 40 años.
Con las rondas de negocios, el Gobierno busca que parte de las inversiones previstas bajo este régimen se traduzca en nuevos contratos y oportunidades para proveedores argentinos, particularmente en sectores vinculados con la minería, la energía y la infraestructura.
