El joven sostuvo que no siente rencor hacia la magistrada ni hacia los menores involucrados, pero consideró que dejar nuevamente en libertad al adolescente sin una alternativa de contención estatal no resuelve la situación. Según planteó, debería haberse contemplado su traslado a un espacio donde pudiera recibir educación, alimentación y asistencia.
El episodio ocurrió durante la madrugada del 10 de septiembre, cuando Hernán caminaba por la zona de Godoy Cruz y Charcas. Según relató, primero observó a dos personas en una esquina y, mientras avanzaba, se sumaron otras tres. Al advertir la situación, decidió regresar y comenzó a correr.
De acuerdo con su relato, los jóvenes lo persiguieron mientras le exigían que entregara sus pertenencias. La situación terminó cuando aparecieron dos efectivos de la policía motorizada. Uno de los agentes detuvo a dos de los sospechosos que se encontraban más cerca, mientras que el segundo logró atrapar a otros dos. Un quinto involucrado consiguió escapar.
Posteriormente, Hernán supo que algunos de los detenidos tenían 16 años y que uno contaba con antecedentes penales. También señaló que los jóvenes provenían de la zona oeste. La víctima indicó además que no fue convocada a las audiencias correspondientes al caso.
La decisión de De Marinis generó cuestionamientos debido a que el menor de 14 años quedó sobreseído y recuperó su libertad. El fallo se produjo en el marco de un caso de robo y fue cuestionado en el contexto de la discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La magistrada defendió su resolución frente a los cuestionamientos surgidos en los últimos días y ante un pedido de juicio político impulsado desde el Gobierno porteño. En relación con la víctima, señaló que comprendía el temor que había atravesado durante el episodio, aunque consideró que no había sufrido una lesión física particular ni existido violencia física.
Hernán rechazó esa interpretación y remarcó el impacto que tuvo para él la situación. Explicó que ya había sufrido anteriormente episodios en los que le habían colocado un arma en la cabeza y que el intento de robo volvió a generarle temor y nerviosismo.
El joven también cuestionó que el adolescente liberado pudiera regresar al mismo entorno sin que se estableciera una alternativa de asistencia. Su planteo se centró en la necesidad de que el Estado brinde algún tipo de contención, educación y alimentación a los menores involucrados en hechos delictivos.
El caso quedó así atravesado por la discusión sobre la respuesta judicial frente a los delitos cometidos por menores y por el destino de los adolescentes que son liberados durante el proceso. En este episodio, además del menor de 14 años sobreseído, otros jóvenes detenidos tenían 16 años y uno de ellos contaba con antecedentes penales.
