Sobre la situación judicial de la ex presidenta, explicó que la Corte rechazó un recurso de queja relacionado con su condena por considerar que no contaba con una fundamentación adecuada. Según detalló, la causa había sido analizada previamente por el tribunal oral y luego revisada por la Cámara de Casación Penal, por lo que, a su entender, se había cumplido con el doble conforme requerido.
Lorenzetti precisó que la Corte recibió únicamente una parte del expediente a partir de la queja presentada después de la resolución de Casación. Por ese motivo, sostuvo que el margen de análisis del tribunal quedó limitado a los planteos incluidos en ese recurso.
En ese marco, aclaró además que la Corte no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación para ejercer cargos públicos porque ese planteo no había sido presentado en el expediente que llegó al máximo tribunal. Ante una eventual revisión futura de esa cuestión, evitó anticipar una opinión.
También descartó que la ex presidenta pueda ser considerada una presa política y fundamentó su postura en el recorrido judicial de la causa Vialidad. Señaló que intervinieron entre 19 y 20 jueces, muchos de ellos designados durante gobiernos kirchneristas, y que el expediente atravesó distintas instancias sin que existiera una disidencia relevante respecto del fondo de la cuestión.
Durante sus declaraciones, Lorenzetti también fue consultado por las versiones que mencionaban una eventual candidatura presidencial. Ante la pregunta, respondió inicialmente con una expresión humorística, aunque aclaró inmediatamente que sus palabras no implicaban que fuera a presentarse como candidato.
Otro de los temas abordados fue la reducción de la edad de imputabilidad. El magistrado consideró insuficiente llevarla a los 14 años y sostuvo que los problemas vinculados con la política criminal requieren un abordaje más amplio. Según explicó, se trata de cuestiones complejas que no pueden resolverse únicamente mediante una modificación puntual de la legislación penal.
En relación con la cautelar que había suspendido la aplicación de la Ley Penal Juvenil y que luego fue revocada por la Cámara, Lorenzetti evitó pronunciarse sobre el criterio adoptado por otros tribunales. En cambio, recordó que existe una doctrina de la Corte según la cual no corresponde suspender una ley con alcance general.
El juez también planteó la necesidad de completar la integración de la Corte Suprema hasta alcanzar los cinco miembros establecidos por la ley. Consideró que una composición de tres integrantes concentra un nivel excesivo de poder de decisión en pocas personas.
En cuanto a la relación entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo, Lorenzetti aseguró que durante el último año no recibió presiones del Gobierno de Javier Milei. Explicó que los conflictos entre el Ejecutivo y la Corte suelen surgir a partir de causas concretas.
También cuestionó los insultos del Presidente hacia la prensa y afirmó que no comparte ese tipo de expresiones. Al mismo tiempo, señaló que en otros períodos existieron fuertes cuestionamientos tanto hacia los jueces como hacia los medios y sostuvo que la Corte atravesó esas situaciones.
Respecto de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, Lorenzetti evitó formular conclusiones debido a que la causa continúa en trámite y podría eventualmente llegar a la Corte. Sí mencionó que se realizaron distintas pericias y señaló la necesidad de avanzar con investigaciones específicas en causas de gran complejidad. En ese contexto, sostuvo que la escena del crimen de Nisman fue contaminada.
Por último, el magistrado se refirió a la posibilidad de revisar normas como las que establecieron el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo. Consideró que existen consensos básicos en la sociedad argentina en torno a esos temas y que una eventual revisión generaría una fuerte resistencia.
