Santiago del Estero encabezó el crecimiento del gasto, con una suba real del 48,1%. Le siguieron Neuquén, con 22,5%; Jujuy, con 18,8%; y Formosa, con 18%. Además, otras doce provincias registraron aumentos de dos dígitos.
En la Ciudad de Buenos Aires, el gasto primario creció 9,1% durante el período, mientras que en la provincia de Buenos Aires el incremento fue del 1,4%. Como consecuencia de esta evolución, el resultado primario se deterioró en 19 de las 23 jurisdicciones consideradas y nueve distritos pasaron de registrar superávit a presentar déficit.
El comportamiento de las cuentas provinciales se da en un contexto de reclamos del Gobierno nacional para que las administraciones locales reduzcan sus gastos y acompañen un proceso destinado a disminuir la presión tributaria.
Dentro de este análisis también aparece el peso de los impuestos provinciales, particularmente Ingresos Brutos. Este tributo se aplica sobre la facturación y puede alcanzar a empresas incluso cuando registran pérdidas. Además, su aplicación en diferentes etapas de producción y comercialización genera una acumulación del impuesto a lo largo de la cadena.
Según los datos incluidos en el análisis, en la industria manufacturera la alícuota de Ingresos Brutos tiene una mediana del 1,5%. La estructura tributaria señalada es vinculada con un incremento de los costos de los insumos, el financiamiento y los bienes adquiridos por los consumidores.
En ese marco, se plantea retomar la reducción de Ingresos Brutos contemplada en el Consenso Fiscal de 2017. La propuesta se vincula con la necesidad de reducir la carga tributaria provincial y, al mismo tiempo, sostener un esquema de equilibrio en las cuentas públicas.
El documento también sostiene que una disminución permanente de impuestos requiere disciplina fiscal en los distintos niveles de gobierno. Para las provincias, plantea concentrar la actividad estatal en áreas consideradas básicas e indelegables, entre ellas salud, educación, seguridad y justicia.
Entre las alternativas planteadas figura además una reorganización de la estructura administrativa provincial, con el objetivo de racionalizar el gasto. En ese esquema se propone la implementación de un “Programa Empalme”, destinado a facilitar la incorporación al sector privado de trabajadores públicos que dejen de ser requeridos por las administraciones provinciales.
El análisis vincula así la evolución del gasto provincial con el debate sobre la reducción de impuestos y el equilibrio de las cuentas públicas, en un contexto en el que el Gobierno nacional reclama una mayor participación de las provincias en el proceso de reducción del gasto.
