La medida fue definida por Conadu y Conadu Histórica, que cuestionan la falta de cumplimiento por parte del Gobierno nacional de las disposiciones aprobadas por el Congreso y de las decisiones adoptadas por la Justicia. El reclamo apunta a que los salarios del personal universitario sean actualizados de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
El conflicto también tiene un plazo judicial como punto de referencia. La huelga comenzará el mismo día en que vence el período de cinco días otorgado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 para que el Poder Ejecutivo cumpla con una medida cautelar vinculada con la aplicación de la ley.
El 21 de septiembre, el juez Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a ejecutar esa resolución. Según la interpretación de los sindicatos, la orden implica aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la recomposición salarial y a las becas universitarias.
Los gremios sostienen que las decisiones judiciales establecen una actualización del 33,4% sobre el último salario percibido y que, posteriormente, debe aplicarse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses siguientes.
La medida cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025, después de un amparo colectivo presentado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas instituciones universitarias. El planteo cuestionaba el decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento específicas durante el debate parlamentario.
Más tarde, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar. En esa instancia se consideró que el Estado no había logrado refutar adecuadamente el derecho invocado por los representantes universitarios y se advirtió sobre la posibilidad de perjuicios graves y de un deterioro salarial capaz de afectar el derecho a enseñar y aprender.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el 2 de octubre de 2025. Desde el sector sindical señalan que ya transcurrieron más de 330 días desde su sanción sin que el Poder Ejecutivo haya implementado las disposiciones que reclaman las universidades.
El paro de 72 horas también se inscribe en el camino hacia la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. La movilización es impulsada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones sindicales.
La decisión de avanzar con una medida conjunta se produjo después de que Conadu Histórica anunciara el paro y Conadu resolviera adherir. La federación había establecido que la protesta quedaría sin efecto si el Gobierno concretaba la recomposición salarial y cumplía con la intimación judicial, pero esas condiciones no se cumplieron.
En paralelo, los sindicatos nucleados en Conadu realizaron entre el 14 y el 24 de septiembre una consulta nacional para definir los próximos pasos. La votación se realizó mediante urnas y los resultados fueron presentados por las distintas organizaciones durante el plenario.
Además de la huelga, las federaciones preparan actividades de difusión y visibilización en distintos puntos del país. El plan de acción busca exponer la situación del sistema universitario, reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y plantear las posiciones del sector frente al proyecto de Presupuesto 2027.
