La misma norma formalizó la salida de Alejandro Alberto Vilches, quien había presentado su renuncia el 21 de septiembre, en medio de la discusión por los recursos destinados a discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
Vilches había llegado al cargo luego de la salida de Diego Spagnuolo, ocurrida tras la difusión de audios que planteaban presuntas irregularidades vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios. Su gestión se desarrolló mientras familias de personas con discapacidad realizaban protestas contra los recortes previstos para el sector.
La nueva conducción tendrá entre sus objetivos mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, reforzar los mecanismos de control interno y administrar los recursos disponibles. También continuará la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, con el propósito de detectar posibles irregularidades y casos de fraude.
Di Liscia cuenta con experiencia en la administración pública. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, que durante ese período tenía más de 2,2 millones de afiliados.
Antes de ocupar ese cargo, desarrolló distintas funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Higiene Urbana entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017, director general de Control de Gestión entre 2011 y 2015 y director general de Reforma Administrativa entre 2010 y 2011.
El nuevo funcionario también cuenta con más de tres décadas de experiencia en áreas vinculadas con dirección, gestión operativa, transformación organizacional y desarrollo comercial. Además, realizó tareas de consultoría para distintos directorios y participa de una empresa familiar dedicada al sector alimenticio.
La renovación de la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad se produce mientras continúa el debate legislativo por el financiamiento del sector. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en las asignaciones destinadas al área, lo que generó cuestionamientos de sectores de la oposición y también diferencias dentro del oficialismo.
En paralelo, la Cámara de Diputados analiza una iniciativa oficialista destinada a reemplazar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025. El proyecto aborda distintas áreas relacionadas con las prestaciones y derechos de las personas con discapacidad, entre ellas salud, educación, transporte, legislación y protección social.
La propuesta plantea establecer de manera permanente un esquema que otorgue previsibilidad, transparencia y eficiencia a las políticas públicas destinadas al sector, además de garantizar la continuidad de las prestaciones y el acceso a los derechos correspondientes.
Uno de los puntos incluidos en el proyecto establece que la pensión no contributiva por discapacidad continuará vigente y tendrá una actualización mensual vinculada con la inflación, al igual que bajo el esquema actual. Los beneficiarios también conservarán el acceso a un programa de atención y cobertura médica.
A partir de modificaciones incorporadas durante el debate, la pensión podrá percibirse simultáneamente con un empleo registrado, siempre que el salario no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El proyecto también contempla beneficios impositivos para los empleadores que incorporen por tiempo indeterminado a personas con discapacidad.
La designación de Di Liscia se produce así mientras el Gobierno redefine el esquema de políticas públicas para discapacidad y avanza, al mismo tiempo, con la discusión legislativa sobre el futuro de las prestaciones y su financiamiento.
