El Gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por el proyecto de ley impulsado por la administración de Javier Milei para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La iniciativa contempla sanciones para empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área y generó inquietud en Washington por su posible impacto sobre compañías estadounidenses asociadas a esos proyectos.
El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, reconoció que su país sigue de cerca el tratamiento legislativo. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno.
El proyecto establece sanciones para las compañías Rockhopper, de origen británico, y Navitas, de origen israelí, que participan del proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las islas. También contempla medidas contra empresas asociadas a esas firmas en otras operaciones, un alcance que despertó cuestionamientos por parte de Washington.
Según trascendió, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, transmitió a funcionarios locales las inquietudes de su país respecto del alcance de las sanciones previstas en el texto. La preocupación se concentra en las disposiciones que podrían afectar a compañías con vínculos comerciales con las petroleras que operan en la zona, denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Quirno defendió la iniciativa y sostuvo que la legislación vigente necesita modificaciones para dotar al país de herramientas más eficaces en la defensa de sus intereses soberanos. El canciller explicó que el objetivo no es perjudicar a una empresa en particular, sino ofrecer condiciones para que las compañías elijan entre inversiones consideradas legítimas en territorio argentino y operaciones vinculadas con la explotación de recursos en las islas.
En ese sentido, hizo referencia al potencial de Vaca Muerta como alternativa para atraer inversiones energéticas. El Gobierno busca fortalecer el desarrollo de ese yacimiento y promover nuevas oportunidades de negocios, en contraste con las actividades hidrocarburíferas que rechaza en el área de Malvinas.
Durante la conferencia, Landau también respaldó la propuesta de la administración de Donald Trump de reformar organismos multilaterales, entre ellos el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde la Argentina presenta anualmente su reclamo de soberanía sobre las islas. El funcionario cuestionó la actuación del comité y afirmó que algunos de sus posicionamientos fueron contrarios a los intereses estadounidenses.
Quirno, por su parte, manifestó que el Gobierno argentino considera importante mantener su participación en ese espacio, aunque señaló que las resoluciones de Naciones Unidas conservan su relevancia independientemente del organismo que las emita.
Más allá de las diferencias sobre Malvinas, ambos funcionarios destacaron el vínculo bilateral y las perspectivas de cooperación económica. Landau afirmó que la relación entre los dos países atraviesa una etapa de fuerte alineamiento y sostuvo que los acuerdos comerciales pueden abrir nuevas oportunidades de inversión.
El funcionario estadounidense también se refirió a la necesidad de limitar los riesgos asociados con la influencia tecnológica de China en la región. Quirno coincidió en que es necesario evaluar cuidadosamente las tecnologías utilizadas en sectores estratégicos.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a Landau y a su delegación en el Palacio de Hacienda. Tras el encuentro, destacó los avances en una agenda destinada a atraer inversiones, ampliar el comercio bilateral y profundizar la cooperación económica.
La visita de Landau se enmarca en una etapa de acercamiento entre Buenos Aires y Washington, aunque las diferencias en torno a las sanciones vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas evidencian que la alianza también deberá afrontar intereses empresariales y diplomáticos que no siempre coinciden.
