En un documento encabezado por el abogado Alberto Beraldi, la defensa afirmó que Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. son sociedades comerciales familiares dedicadas a la compra y el alquiler de inmuebles. Según planteó, ambas compañías cuentan con sus libros societarios, estados financieros y declaraciones juradas impositivas en regla.
Los abogados argumentaron que los bienes incorporados al patrimonio de las sociedades fueron adquiridos con fondos de origen legal. También señalaron que este aspecto ya había sido analizado en investigaciones anteriores sobre el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en las que ambos habían sido sobreseídos por enriquecimiento ilícito.
Además, la defensa indicó que el patrimonio de las empresas fue declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción, de acuerdo con las normas vigentes durante el período investigado.
En relación con los alquileres cuestionados, sostuvo que los contratos fueron auténticos y que los inmuebles fueron efectivamente utilizados por sus inquilinos. Sobre la actividad hotelera, afirmó que la familia Kirchner no se encargaba de la administración comercial de los establecimientos, sino que recibía un canon por su arrendamiento.
El escrito también hizo referencia a un peritaje que, según la defensa, confirmó que los valores de alquiler de los hoteles se correspondían con los precios de mercado.
Respecto de los ingresos percibidos por Hotesur y Los Sauces, los abogados señalaron que los pagos estaban facturados, bancarizados y podían ser rastreados. Asimismo, afirmaron que se habían abonado los impuestos y aplicado las retenciones legales correspondientes.
La defensa también rechazó que los vínculos contractuales con locatarios que recibieron adjudicaciones de obra pública configuraran negociaciones incompatibles con la función pública. En ese sentido, argumentó que Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no intervinieron en las licitaciones, la ejecución ni el control de esos contratos.
En cuanto a la hipótesis de lavado de activos, los abogados negaron la existencia de pagos en efectivo o no declarados y calificaron de “absurda” esa acusación. Sostuvieron que los fondos provenían de cuentas sujetas a controles de organismos como la AFIP, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por último, la defensa cuestionó la imputación por asociación ilícita y sostuvo que esa figura ya había sido descartada en la causa Vialidad, en la que, según su planteo, se había considerado que las distintas investigaciones aludían a una misma asociación ilícita.
