El cambio quedó formalizado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, firmado por el presidente Javier Milei y los integrantes de su gabinete. La norma modifica el artículo 7 del decreto 88/26, que había dispuesto la disolución de IOSFA y contemplaba la transferencia de sus activos y personal a la nueva entidad.
Con la modificación, será el Directorio de OSFA el encargado de determinar qué puestos resultan indispensables, de acuerdo con la estructura y las necesidades operativas del organismo. Los empleados que no sean incorporados quedarán bajo evaluación del administrador designado para llevar adelante la liquidación de IOSFA.
Aunque el decreto no establece una cantidad concreta de trabajadores que quedarán afuera, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la reorganización podría afectar a alrededor de 1.200 personas. El secretario general del gremio en Punta Alta, Pablo Mendoza, señaló que el nuevo esquema implicará una reducción significativa de la planta de personal.
Según explicó el dirigente sindical, los empleados de planta permanente que no sean transferidos tendrán un período de disponibilidad de nueve meses. En cambio, los trabajadores contratados no serían reubicados dentro de la nueva estructura. La situación generó preocupación entre los trabajadores, que reclaman garantías sobre la continuidad de sus puestos laborales.
La reorganización también podría tener consecuencias sobre la atención a los más de 370.000 afiliados que tiene la obra social en todo el país. Desde el gremio alertaron sobre la posibilidad de que se cierren o reduzcan delegaciones territoriales, lo que dificultaría la realización de trámites presenciales, especialmente para quienes viven en el interior y deberían trasladarse a otras localidades para recibir atención.
El Gobierno justificó el cambio en la necesidad de evitar que una transferencia masiva de trabajadores genere un desequilibrio financiero, operativo y presupuestario en OSFA. Además, la nueva entidad tiene un límite del 8% de sus recursos destinado a gastos administrativos, una restricción que forma parte de los argumentos para adecuar la estructura de personal a sus necesidades.
Otro factor señalado en la normativa es la reducción de la población beneficiaria. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina dejaron de integrar el universo de afiliados de OSFA y pasaron a contar con la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Este cambio modifica las necesidades operativas de la entidad y es considerado por el Gobierno al evaluar la cantidad de trabajadores que deberá incorporar.
El decreto establece que la administración de IOSFA deberá evaluar la situación de quienes no sean transferidos y adoptar las medidas correspondientes. En el caso del personal permanente que quede en disponibilidad, continuará en esa condición dentro del Ministerio de Defensa hasta que se concrete su reubicación o su baja. Una vez finalizada la liquidación, esa cartera asumirá las obligaciones relacionadas con los trabajadores que no hayan pasado a OSFA.
Por otra parte, el personal de Gendarmería y Prefectura que actualmente se encuentre en comisión de servicios o adscripto a IOSFA deberá regresar a sus respectivos organismos de origen.
La reestructuración ya había comenzado a reflejarse en documentos internos. Una comunicación de OSFA fechada el 20 de octubre contemplaba modificaciones de personal en distintas áreas a partir del 31 de ese mes, incluidas las vinculadas con auditorías y centros de atención.
Frente a este escenario, ATE convocó a una movilización frente al Ministerio de Defensa para reclamar la continuidad laboral de los empleados. El gremio cuestiona tanto la reducción de puestos como las posibles consecuencias sobre las prestaciones y la atención de los afiliados.
Por el momento, no está definido cuántos trabajadores serán incorporados finalmente a OSFA. La cifra dependerá de la estructura que determine el Directorio y de la posterior identificación de los puestos considerados necesarios. La modificación normativa no fija un número de desvinculaciones, pero establece un mecanismo que permite limitar la cantidad de empleados transferidos desde IOSFA.
