La resolución 2867/2026, que establece el “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”, fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no suscribió el documento y, según informaron desde su vocalía, devolvió el proyecto sin su firma.
La aprobación se formalizó durante el acuerdo del jueves. El protocolo será remitido a las cámaras con competencia penal, a la dependencia encargada de la ejecución de las penas y a distintas áreas del Gobierno nacional, entre ellas los ministerios de Seguridad y Defensa.
El proceso había comenzado el 21 de agosto, cuando los integrantes del máximo tribunal firmaron la acordada 21/2026 y encomendaron al decano del Cuerpo Médico Forense (CMF) la elaboración de un protocolo en un plazo de 30 días corridos. Entre las cuestiones que debía contemplar figuraba determinar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva, contaba con las condiciones necesarias para brindar atención médica a determinados internos.
En distintas oportunidades, el SPF había señalado que no disponía de infraestructura adecuada para alojar a adultos mayores detenidos por causas de lesa humanidad. Uno de los condenados que recibió esa respuesta fue Juan Daniel Amelong, quien acumula varias condenas y fue mencionado por Victoria Villarruel como una víctima durante su debate con Agustín Rossi en 2023.
El documento permaneció más de un mes a la espera de su aprobación. Finalmente, la Corte lo firmó durante la semana de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión se conoció un día después de que el pontífice visitara el penal de Devoto, adonde Christian von Wernich había solicitado ser trasladado para permanecer cerca de él. La Justicia rechazó el pedido y la resolución provocó críticas del represor Jorge Eduardo Acosta, conocido como el “Tigre”, quien expresó su malestar en una carta pública.
En los últimos días también trascendió que el SPF había intentado trasladar a Miguel Pérez, otro represor condenado a prisión perpetua, para que asistiera a la misa que el Papa celebró en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La Justicia impidió que se concretara el traslado.
En el Palacio de Talcahuano atribuyen a Rosatti el impulso de la iniciativa desde marzo de este año, pocos días antes de la conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado. En ese período también circularon versiones sobre una posible maniobra del Gobierno para beneficiar a personas detenidas por crímenes aberrantes.
La aprobación fue recibida favorablemente por el Foro Argentino de Defensa, que consideró que el protocolo podría tener “consecuencias relevantes” para los represores que permanecen presos. Otras interpretaciones también presentaron la medida como una herramienta especialmente dirigida a los militares condenados por delitos cometidos durante la última dictadura.
En sentido contrario, la Red Nacional de H.I.J.O.S. cuestionó la acordada y advirtió que forma parte de una estrategia de impunidad y de un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La organización sostuvo que, bajo la apariencia de un protocolo médico, se incorporan criterios que podrían facilitar el acceso a la prisión domiciliaria de personas condenadas por su participación en el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
La discusión también tuvo lugar en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dos semanas después de la firma de la acordada 21/2026, Cecilia Pando se reunió con Santiago Viola, segundo funcionario de la cartera y dirigente cercano a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Del encuentro participaron también integrantes de la asociación Justicia y Concordia, y uno de los temas abordados fue el otorgamiento de prisiones domiciliarias.
Las estadísticas difundidas el 14 de septiembre por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) permiten dimensionar la situación de los condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Según esos datos, hay 1.254 personas condenadas: 436 cumplen arresto domiciliario y apenas 73 permanecen alojadas en unidades penitenciarias. De este último grupo, 58 están detenidas en la Unidad 34 de Campo de Mayo, un establecimiento que organismos de derechos humanos califican como una cárcel VIP.
