El conflicto se remonta a 1998, cuando la propietaria del inmueble delegó su gestión a una mujer. Al regresar años después, descubrió que el lugar había sido habitado por más personas. Desde entonces, se ha desencadenado una larga disputa legal, en la que los ocupantes, que cuentan con varios antecedentes judiciales, han sido objeto de diversas denuncias, y algunos incluso enfrentan imputaciones. Fuentes de la Seguridad porteña indican que uno de estos individuos sería delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Desde 2009, la propiedad ya contaba con una orden de desalojo emitida por la Justicia. Los ocupantes se han opuesto a la inspección autorizada por la Fiscalía, que se llevó a cabo bajo la premisa de un “peligro estructural de la propiedad”.
“Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar. Es un procedimiento irregular: no hay notificaciones previas. Vienen por un pedido de inspección. Las familias tienen derecho a decir sí o no”, afirmó una de las personas presentes en el lugar durante una entrevista. Otro testigo agregó: “Los estafaron, hay familias que pagaban… Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad. Hay una mamá que la compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira”.
Los desalojados, desde el lado de las vallas de contención puestas por la Policía, denunciaron que en el predio habitan “gente discapacitada y niños”. “Hacemos lo que podemos, dicen que nos van a desalojar, pero no nos mostraron una orden… Dijeron que nos van a dar $150.000, vamos a resistir hasta que nos muestren una orden”, declaró una mujer afectada.
En los meses recientes, el gobierno porteño ha recuperado cerca de 600 propiedades como parte de sus iniciativas para preservar “el respeto a la propiedad privada” y “el orden público”.
“Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”, comentó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Además, expresó: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”.
A más de seis meses de su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el emblemático complejo de hoteles de Chapadmalal será desalojado. Empleados y familiares que residen en este establecimiento, ícono del turismo social, han sido intimados a abandonar las propiedades en un plazo de diez días corridos; de lo contrario, enfrentarán el desalojo. El pasado año, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, había trasladado la gestión de la Unidades Turísticas de Chapadmalal a la AABE.
