Fuentes oficiales revelaron que la propuesta que el Poder Ejecutivo planea elevar se basará en lo que contempla la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en la Cámara de Diputados. “La idea es partir de la base del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto (Caputo)”, confesó un funcionario.
Estos nuevos intentos de solucionar el conflicto, que llevó a una gran convocatoria el miércoles anterior, emergen en medio del desacato de la administración actual a los fallos judiciales que ordenaron, en dos instancias, la implementación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Este escenario se ve agravado por una reducción de $78.768 millones en el presupuesto y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Luego de la ratificación de la norma que fue sancionada y luego vetada, y tras la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo ha reconfigurado el proyecto que propone una actualización salarial para todo el personal docente y no docente. Este incremento se implementará de forma escalonada, registrando una subida del 4,1% trimestral del sueldo de diciembre de 2025 en los meses de marzo, julio y septiembre.
Adicionalmente, establece que habrá una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado, además de un aumento de $80.072.460.000 asignados para la asistencia financiera de hospitales universitarios. En el caso de que los costos superen las partidas presupuestarias, el exceso será cubierto a través de refuerzos de otras jurisdicciones.
Sin una fecha definida para tratar el proyecto y conscientes de la falta de apoyo legislativo para su aprobación, la administración actual aspira a alcanzar un acuerdo que evite un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el asunto. Esta iniciativa se canalizaría a través del Ministerio de Capital Humano, específicamente bajo la subsecretaría de Políticas Universitarias dirigida por Alejandro Álvarez.
“Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, sugirió un portavoz del oficialismo.
Pese a que en el Gobierno se busca minimizar el impacto de la masiva movilización que reunió a más de 140,000 personas en la Plaza de Mayo, hay preocupación por el crecimiento del conflicto, lo que ha llevado a trabajar en la búsqueda de una solución que permita abordar la situación del sector.
