“La Resolución 2/26 resulta especialmente relevante para Argentina, en un contexto de ajuste fiscal sostenido y profundización de los recortes sobre áreas sensibles”, señaló Amnistía en un comunicado publicado este miércoles.
Además, la organización subrayó que “la masiva Marcha Federal Universitaria volvió a poner en evidencia las consecuencias concretas de esa política: estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales se movilizaron en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la garantía de recursos suficientes para sostener la educación pública”.
Asimismo, Amnistía destacó que las irregularidades observadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) evidencian cómo el desvío o uso ineficiente de recursos públicos puede impactar gravemente en aquellas personas que dependen de prestaciones estatales para su autonomía e inclusión.
“La resolución de la CIDH vuelve a confirmar una idea urgente y obvia: sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible. No es un documento abstracto. Interpela directamente las decisiones que se toman hoy en Argentina. Cada recorte en niñez, educación o protección social debe poder justificarse bajo estándares de derechos humanos”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
La Resolución 2/26 fue promovida por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), bajo la dirección del relator Javier Palummo Lantes. Es la primera resolución específica que establece estándares jurídicos sobre la interrelación entre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y derechos humanos dentro del marco del Sistema Interamericano.
Esta resolución indica que los Estados están obligados a “diseñar, ejecutar y evaluar sus políticas fiscales de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
¿Qué implica esto? Que las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y medidas de ajuste no pueden ser consideradas meramente como decisiones económicas, sino que deben ser analizadas por su repercusión en la garantía de derechos, explicó Amnistía en su comunicado.
Entre sus principales estándares, exige que “cualquier retroceso en derechos sea excepcional, temporal, necesario, proporcional y no discriminatorio. También obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles —incluyendo el combate a la evasión, la revisión de beneficios fiscales injustificados y la prevención de la corrupción—.
