Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, sugiere modelar la estrategia a partir de ejemplos como Chile y Australia, que han implementado planes de competitividad y productividad a largo plazo. “La Argentina debe detectar todos los eslabones de la competitividad en donde tenemos deficiencias y definir un plan de mejora a medida”, sostiene. Además, añade que esta estrategia podría afectar intereses establecidos, particularmente en casos donde existen beneficios relacionados con la burocracia excesiva o ciertas regulaciones que no benefician a la totalidad del sector.
Por su parte, Alberto Schuster, director de la Unidad de Competitividad de la consultora Abeceb, caracteriza la competitividad argentina como “artesanal” y sugiere que el Gobierno debería analizar cada sector y variable de forma exhaustiva.
Desde PwC, José María Segura, economista jefe, respalda esta perspectiva e ilustra su punto con el yacimiento Vaca Muerta, que es un modelo de colaboración entre autoridades provinciales, nacionales, sindicatos y empresas. Este acuerdo incluye un precio mínimo para los productores de gas y compromisos de inversión significativos. “Un plan así debería implementarse en cada uno de los sectores. Esto demanda tiempo, pero es una forma genuina de mejorar la competitividad sin recurrir a devaluaciones que resultan ineficaces”, observa Segura.
Los costos burocráticos mencionados por Capello también son destacados por Schuster, quien señala que el registro de propiedad automotor puede suponer un 5 por ciento del valor del auto en una transferencia. “Eso se podría eliminar, claro, pero esa recaudación va al financiamiento del Ministerio de Justicia”, detalla. Así, la reducción de impuestos requeriría un análisis no solo de los sectores afectados, sino también de quiénes se benefician de esos impuestos y cómo se podría eliminar su necesidad.
Los analistas están de acuerdo en que el costo laboral es uno de los aspectos más complicados de abordar. Tanto en el corto como en el largo plazo, la reducción de las cargas sociales podría ser el único consenso posible. Schuster también reconoce este desafío, pero enfatiza que cualquier estrategia en el ámbito laboral no puede enfocarse meramente en los costos, dado que muchos países industriales enfrentan circunstancias similares.
