Ciampa detalló que el FAL se financiará con parte de las contribuciones patronales que actualmente están destinadas a las jubilaciones y pensiones, lo que significa que estos fondos se redirigirán para pagar indemnizaciones por despido. “Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal”, sostuvo el abogado.
El representante de la CGT también hizo hincapié en que la Constitución Nacional protege contra el despido arbitrario. En este contexto, aseguró que la indemnización tiene un papel crucial como mecanismo reparador y disuasorio. “Cuando la indemnización ya no la paga el empleador, sino que la pagan los jubilados y jubiladas, deja de haber disuasión contra el despido arbitrario”, expresó.
De acuerdo con Ciampa, las empresas deberán contribuir a un fondo que será administrado por entidades privadas registradas ante la Comisión Nacional de Valores, y este sistema abarcará fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y otros vehículos de inversión colectiva. “El decreto reglamentario menciona 30 veces a los fondos comunes de inversión y no menciona derechos de los trabajadores”, enfatizó.
Además, el abogado aclaró que aunque la responsabilidad de pagar la indemnización permanece en el empleador, los fondos provendrán de la entidad financiera designada por la empresa, lo que podría resultar en demoras en el pago en comparación con el sistema actual. “Las empresas cuando despiden tienen cuatro días hábiles para pagar la indemnización”, explicó, mencionando que el nuevo sistema llevará más tiempo, ya que el fondo tendría cinco días hábiles para depositar el dinero tras completar la documentación.
Ciampa también planteó dudas sobre el uso de los intereses generados por esos fondos. “Hay un artículo del decreto que parecería indicar que ese interés lo puede cobrar la empresa”, resaltó.
El abogado laboralista rechazó la noción de una “industria del juicio” en el ámbito laboral, subrayando que los litigios laborales representan solo un pequeño segmento dentro del sistema judicial argentino. “Solo el 6% de los juicios tramitan en la justicia laboral”, indicó, y añadió que apenas el 3% de estos son conflictos entre empleados y empleadores. “El índice de litigiosidad es menor al 2%”, agregó.
Ciampa relacionó el empleo formal con la situación económica general en lugar de achacar la reducción de derechos laborales a la precarización. “Nadie contrata si no vende, nadie contrata si no produce”, afirmó.
Durante la conversación, el representante de la CGT también expresó su preocupación por otros aspectos de la reforma laboral, como cambios en las jornadas laborales, horarios de trabajo y modalidades de contratación de trabajadores independientes, que podrían generar también conflictos legales. “Cuando a un trabajador le digan que va a trabajar once horas y no le paguen horas extras, eso es un juicio en puerta”, advirtió.
Asimismo, Ciampa criticó la figura del “trabajador independiente con colaboradores” establecida en la normativa, argumentando que esto facilitará la creación de relaciones laborales sin el debido registro. “Permite contratar hasta tres trabajadores sin reconocer relación de dependencia”, advirtió, sugiriendo que esto podría incentivar a las empresas a estructurar sus fuerzas laborales con empleados no registrados.
Por otra parte, mencionó que la eliminación de sanciones por empleo no registrado desincentivará la formalización de trabajadores. “Hoy es lo mismo tener trabajadores en blanco o en negro porque ya no hay sanción”, aseguró.
Ciampa también comparó el FAL con el sistema existente en la industria de la construcción, destacando que ambos mecanismos son diferentes. Para la construcción, los fondos pertenecen directamente al trabajador y pueden ser reclamados independientemente de la razón de la finalización laboral, mientras que el nuevo esquema solo aplicará a despidos sin causa o bajo acuerdos específicos.
Cabe destacar que los primeros pagos del nuevo sistema podrían realizarse hasta mayo de 2027, y su implementación será obligatoria para las empresas. “Las empresas pueden elegir el agente financiero, pero el sistema es imperativo”, concluyó Ciampa.
Finalmente, la CGT ha interpuesto una acción judicial contra la reforma laboral y se prevé que jubilados o asociaciones previsionales puedan presentar más reclamos ante la Justicia en relación con el uso de recursos destinados a la seguridad social.
